El comité de empresa de Compostilla y Endesa acuerdan reuniones mensuales para abordar el cierre definitivo de la central

El pasado miércoles se celebró en Ponferrada un acto de conciliación en el que la compañía acordó informar a los representantes de los trabajadores de los traslados forzosos y de las condiciones de esta movilidad que afectarán a la plantilla

05 de Septiembre de 2019
Actualizado: 10 de Septiembre de 2019 a las 13:45
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CENTRAL COMPOSTILLA 650
CENTRAL COMPOSTILLA 650
El comité de empresa de Compostilla mantendrá reuniones mensuales con la dirección de Endesa con el fin de abordar los cambios necesarios de cara al cierre definitivo de la central, que será en junio del 2020, según ha informado este jueves Radio Bierzo.

El pasado miércoles se celebró en Ponferrada un acto de conciliación en el que la compañía acordó informar a los representantes de los trabajadores de los traslados forzosos y de las condiciones de esta movilidad que afectarán a la plantilla. De hecho, estas eran las principales exigencias de los sindicatos que acudieron al SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales) con el objetivo de evitar medidas de fuerza como respuesta a la actitud "ilógica" de la eléctrica. Así pues, la compañía ha accedido a asumir las peticiones y alcanzar de este modo un "principio de acuerdo", en palabras del presidente del comité, Juan Sobredo.

Queda menos de un año para que la central de Compostilla cierre sus puertas y a día de hoy quedan 45 trabajadores pendientes de ser trasladados en la compañía.

 

Menos de un año

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y con ello frenar el cambio climático, la Unión Europea (UE) tomó la decisión en diciembre de 2018 de poner fin a las ayudas que recibían las centrales térmicas en funcionamiento por la quema de carbón, estableciendo como fecha límite para percibir los subsidios el 2025. En concreto, la UE dispuso que solo continuarían recibiendo ayudas las centrales que generasen menos de 550 gramos de CO2 por kilowatio-hora de electricidad (Compostilla genera con más de mil). A raíz de esta normativa, las compañías eléctricas tuvieron que enfrentarse a un problema que solo tenía dos soluciones: fijar el cierre de las térmicas con su correspondiente plan de futuro social o realizar las inversiones necesarias en cada planta para cumplir los requisitos de emisiones solicitados por la UE.

De forma paralela, con el mismo fin de frenar el calentamiento global y el efecto invernadero del planeta de la UE y siguiendo sus directrices, el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, José Domínguez, anunció que la previsión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez era que 9 de las 14 centrales de producción eléctrica con carbón que existían en España hubiesen cerrado en junio de 2020. Para las 5 restantes, las que sí habían anunciado que realizarían las inversiones requeridas para la desulfuración y desnitrificación, la fecha límite de cierre se estableció en 2025. 

En este escenario, marcado por el cierre de las minas y con ello el inicio del fin del carbón, entraron en escena Endesa, propietaria de la central de Compostilla II, y Naturgy, propietaria de la térmica de Anllares (Páramo del Sil). Ambas eléctricas anunciaron que no realizarían las inversiones para adecuar las instalaciones a lo estipulado por Europa (200 millones en el caso de Compostilla), materializándose estas decisiones en el cierre de Anllares  a finales de 2018 y en el anuncio por parte de Enel -principal accionista de Endesa- de la confirmación de cierre de la térmica berciana el 30 de junio de 2020.

 


 

Futuro de los empleados 

En cuanto al empleo, Endesa aseguró en el plan de futuro que presentó en 2018 junto a la solicitud oficial de cierre que respetaría los puestos de trabajo de los 166 empleados de la central y daría “total prioridad” a la contratación de trabajadores de las empresas auxiliares en las actividades de cierre y desmantelamiento de la planta, que se prolongarán durante un periodo aproximado de entre 4 y 6 años, y que generarán alrededor de 130 empleos, “con puntas de hasta 200”.

En febrero de este año, Endesa inició el desmantelamiento de los grupos 1 y 2 de la térmica con los trabajos previos. La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sorigué y Hercal Digger. Ambos grupos llevaban años clausurados; el primero en dejar de funcionar fue el grupo 1 tras cumplir con su vida útil y en 2015 le llegó el turno al grupo 2, tras recibir la correspondiente autorización del Ministerio de Industria. Para estas labores las empresas anunciaron que contarían con una plantilla de 40 operarios, “aunque habrá puntas de trabajo que requerirán disponer de más trabajadores”.En cuanto a los grupos 3, 4 y 5Endesa anunció que contrataría a los trabajadores de las auxiliares