31 de diciembre de 2018. Esa era la fecha señalada aquel 10 de diciembre de 2010, cuando las cuencas mineras del Bierzo y Laciana se felicitaban por aquella decisión de la Unión Europea de prorrogar las ayudas del carbón y alargar su final otros cuatro años más, inicialmente fijado para el 2014. Una buena noticia, que llegaba después de meses de movilizaciones, de un encierro y de la segunda marcha negra, pero que tenía su letra pequeña: vinculadas al cierre y con una reducción progresiva.
Entonces ese final se veía lejano, parecía dejar margen para cambiar ciertas cosas y el Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro que se aprobaba un par de meses después garantizaba la compra de carbón autóctono por parte de las compañías eléctricas. Había alguna esperanza, pero el sector minero no fue capaz de levantar el vuelo, ni siquiera mantenerlo.
La llegada del PP al Gobierno a finales de 2011 se saldaría con un adelanto de los recortes a las ayudas del carbón y nuevas movilizaciones en el verano de 2012 (con el encierro en el pozo de San Cruz del Sil y la tercera marcha negra), a lo que se sumó después el retraso en la negociación del nuevo Plan del Carbón para avanzar en un cierre ordenado del sector que nunca se llegó a cumplir y la fecha de caducidad del Real Decreto, que durante cinco años había asegurado el cupo del mineral nacional.
Con todo eso se llega a este momento, el día después del fin del carbón, con un cierre que ya se ha vivido adelantado en la mayoría de las cuencas y con un sector minero ya sin fuerza, muy lejos de las previsiones de ese Marco de Actuación para la Minería de Carbón y las Comarcas Minera 2013-2018 que estimaba cerrar este año con una producción de 5,8 millones de toneladas –una cuarta parte de las 23,4 que se extraían en el 2000- y con cerca de 4.500 mineros trabajando aún en las cuencas. Sin datos actuales a fecha de cierre, según Carbunión, los últimos disponibles son los 2,7 millones de toneladas y 2.197 trabajadores mineros contabilizados en 2017.
La realidad ha sido bien distinta. El Bierzo llega al 2019 sin ninguna mina activa y Laciana con la mina La Escondida, de Hijos de Baldomero García (HBG), limitada a labores de mantenimiento a expensas de cerrar un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica para devolver de una manera flexible los 8,3 millones de ayudas al cierre que recibió desde 2011 y los cupos que pueda negociar con Endesa para el suministro de la central térmica de Compostilla durante no más de año y medio –su clausura está prevista para el 30 de junio de 2020-. Así, su propietario, el empresario Manuel Lamelas, valora la posibilidad de abrir nuevos mercados y mirar hacia la venta en el extranjero. “Lo primero es concretar la devolución de las ayudas, hasta el 8 de enero tenemos de margen”, apunta.
En el conjunto de España, de la docena de yacimientos que seguían en producción en 2018, sólo HBG y Samca se plantean devolver las ayudas y continuar con la actividad extractiva. HBG mantiene mina La Escondida en Caboalles de Arriba (Villablino) con una plantilla de medio centenar de trabajadores –actualmente sólo permanecen una decena en labores de mantenimiento- y Samca sigue adelante en la explotación a cielo abierto de Ariño (Teruel) con unos 130 empleados. También seguirá produciendo carbón la empresa pública Hunosa en el pozo Nicolasa (Mieres), el único que no ha recibido ninguna ayuda pública, con un millar de trabajadores junto con el lavadero de Batán y la central térmica de La Pereda.
Y el cierre del sector del carbón vendrá acompañado del cierre de las centrales térmicas de interior, que utilizan carbón autóctono en su mezcla, para dar una última estocada a las cuencas mineras en forma de desempleo y despoblación. De las 15 centrales térmicas que operan en la actualidad en España, nueve cerrarán en 2020 o ya han cerrado, como es el caso de Compostilla II o Anllares en el Bierzo, respectivamente. Sobrevivirán las seis centrales del litoral, que emplean mineral de importación, como son As Pontes (Coruña), Aboño (Asturias), Soto de Ribera (Asturias), Alcudia II (Mallorca), Litoral (Almería) y Los Barrios (Cádiz).
Sólo estas seis plantas emitieron 28,78 millones de toneladas de CO2 en 2017, mientras las nueve restantes que pararán sus calderas por no realizar las inversiones que exige cumplir con la directiva europea de emisiones industrial produjeron en torno a los 17,75 millones de toneladas de CO2 durante ese mismo año.
Desde que el ingeniero francés Carlos Lemaur descubriera ese negro mineral en el alto del Morueco en Cerezal de Tremor (Torre del Bierzo) y abriera la primera mina para su extracción hasta que el pasado mes de noviembre cerrará el pozo Salgueiro en Santa Cruz de Montes -probablemente explotando esas mismas capas- han pasado más de 250 años. Una actividad que revolucionó el futuro económico de las comarcas berciana y lacianiega hace un siglo, en 1918, con la creación de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y del sueño que Julio Lazúrtegui plasmó en su libro 'Una nueva Vizcaya a crear en El Bierzo".
Así, el cierre de la minería de carbón supone el fin de una era en el Bierzo y Laciana, un punto y aparte en su historia, que a partir de ahora empezará a escribirse con una letra distinta. El carbón debe dejar ahora paso a nuevos sectores, entre los que ya han mostrado su potencial el sector agroalimentario y el turismo, mientras se plantean otras opciones de reindustrialización para las cuencas mineras. Y es que la falta de alternativas ya se ha traducido en pérdida de población. Los diez municipios ‘muy mineros’ del Bierzo perdieron cerca de 9.000 habitantes en dos décadas, más del 25 por ciento, mientras que Laciana retrocede a los niveles de población de finales de los 60 y principios de los 70, con 9.150 habitantes en el municipio de Villablino en 2017.