Según se informa desde el Gobierno, la tramitación de los convenios específicos de colaboración a suscribir entre el Instituto para la Transición Justa y las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla- La Mancha, ha sufrido retrasos, ente otras causas, por la crisis sanitaria de la COVID-19, provocando la necesidad de reasignar las partidas previstas.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogados para 2020, el presupuesto de gastos para la ‘Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón’ es de 45 millones de euros, por lo que los compromisos a adquirir en 2021 y 2022 (35,5 millones y 44,2 millones, respectivamente), superan los límites establecidos, siendo necesario autorizar la modificación de los límites de gasto.