El PPCyL propone un cambio legislativo para abrir dos minas subterráneas en El Bierzo que crearían 230 empleos

En los terrenos de Toral de los Vados y Borrenes y en Molinaseca

25 de Octubre de 2018
Actualizado: 30 de Octubre de 2018 a las 14:29
Guardar
PPCYL635
PPCYL635

El PPCyL propone un cambio legislativo para abrir dos minas subterráneas en El Bierzo que crearían 230 empleos. La primera de ellas es una mina de plomo y zinc que crearía 150 puestos de trabajo en terrenos de Toral de los Vados y Borrenes y la segunda, otra explotación subterránea de hierro en Molinaseca, que supondría 80 empleos.

Modificar la Ley de Urbanismo de Castilla y León para dinamizar el sector minero no energético. Ese es el objeto de la Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Popular que va a presentar en las Cortes Autonómicas y cuyo contenido detalló este jueves su portavoz, Raúl de la Hoz. La iniciativa, dijo, persigue contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales, como herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación.

De la Hoz compareció acompañado del portavoz adjunto, Salvador Cruz, y de la procuradora berciana, Mar González, y eligió León para dar a conocer la propuesta, dado que se trata de la provincia que más recursos geológicos acumula. El cambio que plantean dividiría en dos tipos las actividades extractivas, de modo que las de rocas y minerales industriales y ornamentales, productos de cantera, minería metálica y aguas termales y minerales pasasen a ser autorizables en suelos rústicos con especial protección, cosa que no ocurre ahora.

El portavoz del PP aseguró que esa variación no implicaría en modo alguno la proliferación de autorizaciones incontroladas o un sistema de 'mano libre', dado que las explotaciones estarían sometidas a los preceptivos controles medioambientales. Sí serviría, dijo, para acabar con la actual situación de “práctica parálisis de autorizaciones” que se vive en la Comunidad respeto a este tipo de proyectos.

En caso de que la iniciativa prospere, las necesarias tramitaciones y adaptaciones para poner aplicar el cambio legislativo conllevarían un plazo que situaría la implantación de la nueva norma en el primer trimestre del próximo año.