El Procurador del Común remite una resolución en la que cuestiona un posible “fraccionamiento irregular” de contratos con NER por el Ayuntamiento de Astorga

  Sábado, 11 de agosto de 2018

 

Una resolución del Procurador del Común que se emite la misma semana en la que se han conocido las grabaciones del sumario de la Operación Enredadera en Astorga, donde abiertamente el alcalde Arsenio García y el socio de Gobierno del PAL, Pablo Payuca, hablan de pagos de “mucho dinero” al entramado de Comunicación accionariado por Alejandro García Nistal (editor de elbierzodigital y AstorgaDigital) y exponen que lo hacen esperando un trato favorable por parte de sus Medios.

Fue la formación IU quien remitió una queja al Procurador del Común por el gasto de una primera partida de 7.260 euros, informa AstorgaRedaccion, a favor de la citada empresa Noroeste en Red (NER). Hubo además otros contratos desde el Ayuntamiento de Astorga con NER Comunicación y Marketing que desarrollan ese Plan de Comunicación planeado para desarrollarlo en tres años. En 2018, la Alcaldía ha autorizado el pago de 14.520 euros por un plan de asesoría de comunicación, y otro pago más de 17.545 euros por un plan de gestión y organización de eventos.

En esta información que desvela este sábado AstorgaRedaccion apunta los detalles de la resolución del Procurador del Común, quien considera estos tres contratos distintos con la misma empresa, en un presunto “fraccionamiento irregular”.

La resolución del Procurador del Común revela que la Alcaldía envió dos informes, el primero enviado el 7 de noviembre de 2017 indicaba que la adjudicación del contrato se realizó mediante procedimiento negociado sin publicidad, con la invitación a tres empresas; en cambio, en el segundo informe remitido el 13 de marzo de 2018 expone que se trata de un contrato administrativo de servicios cuya cuantía al ser menor de 18.000 euros queda “excluido de fiscalización previa”.

En la argumentación técnica firmada por quien preside la Procuraduría, Javier Amoedo, se explica que “la utilización” del contrato menor “de servicios traspasando su cuantía máxima o el plazo temporal de un año podría contituir un supuesto de fraccionamiento irregular” del total del plan de comunicación.

En el informe del Procurador del Común se señala que “la información remitida” por la Alcaldía “se contradice en cuanto al procedimiento seguido para adjudicar el contrato, pues hace referencia por un lado al procedimiento negociado sin publicidad y por otro, al contrato menor”. Según el Defensor del Pueblo, “tampoco la escasa documentación que ha sido enviada permite despejar todas las dudas que se plantean en relación con esta contratación, pues únicamente se remite el informe de Intervención y el Decreto de la Alcaldía que aprueba el pago de una factura correspondienet a la redacción” del plan.
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