La agrupación municipal del PSOE en Ponferrada denunció hoy el “enorme engaño” de la Junta con las pruebas de antígenos para la detección del COVID-19 que desde el pasado 4 de enero se llevan a cabo en las dependencias del centro de salud Ponferrada II, conocido popularmente como Picotuerto. Los socialistas acusan al Ejecutivo autonómico de “transferir fondos públicos a sus amiguetes” al encomendar a una empresa privada que lleve a cabo los test y lamentaron el “servicio pésimo” prestado por la compañía.
Al respecto, señalaron que la situación en la capital berciana en el día de la puesta en marcha del dispositivo fue “caótica”, con una única persona para atender a todos los usuarios en una ambulancia, lo que conllevaba un “grave peligro de hacinamiento”. Ante esa “situación insostenible”, el Ayuntamiento de Ponferrada se vio obligado a colocar vallas y a controlar el acceso a las pruebas que, finalmente se desarrollan en las dependencias del centro de salud y no en la ambulancia.
De la misma manera, critican los socialistas, Sacyl se vio obligado a destinar personal sanitario propio para atender a las personas que se acercan a hacerse un test, con el fin de agilizar el proceso. “Las deficiencias del proceso de realización de test de antígenos serían palmarias de no ser por la intervención del personal del Ayuntamiento de Ponferrada y de los propios recursos públicos humanos y materiales de Sacyl”, denunciaron los socialistas.
En esa línea, consideraron que pagar unos servicios a unas empresas privadas para que al final los realicen los servicios y el personal públicos supone “un desprecio y una vulneración a los derechos de los ciudadanos” y recordaron que la Junta pagará casi 6,4 millones de euros por las 12 unidades móviles distribuidas por la Comunidad para realizar test de antígenos. Tal y como explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el objetivo es practicar 200.000 pruebas hasta el próximo 31 de enero, lo que arroja un coste medio por cada prueba de unos 32 euros.