El grupo socialista de las Cortes de Castilla y León ha presentado este martes dos Proposiciones no de Ley en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural relativas a mejorar las coberturas de los seguros del sector de la apicultura, incluyendo las consecuencias de la varroa y de la vespa velutina, y al diseño de programas específicos para la zona del Bierzo para la suelta de torymus sinensis.
“La varroa y la vespa velutina están generando muchos problemas, muchas pérdidas en el sector de la apicultura, y los daños que ocasionan no entran dentro de los riesgos asegurables hoy día”, ha declarado el procurador socialista Javier Campos.
En la Comisión, el Partido Popular ha realizado una transaccional que el PSOE ha apoyado, motivada porque el Gobierno autonómico, junto con las asociaciones profesionales agrarias, está generando unas mesas de trabajo para comunicar al Ministerio de Agricultura las mejoras de los seguros agrarios, dentro de las cuales se incluiría la parte de la apicultura. De esta forma, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta, y a su vez al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a continuar colaborando con la línea de trabajo que ha emprendido la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias para mejorar las líneas de seguro agrario, incluyendo también las que afectan al sector apícola.
Relativo al otro punto de la comisión, la suelta de torymus sinensis en la próxima campaña para contener la plaga de avispilla del castaño, el PSOE de León lamenta no haber conseguido el apoyo de los grupos, que han rechazado la PNL socialista. “Pedíamos mantener la colaboración que se está llevando a cabo con diversos agentes en El Bierzo, que tratan la problemática de la avispa”, ha explicado Campos.
Por otro lado, el PSOE pedía a la Junta que se implicara en el pago, asumiendo el coste del torymus. “Recordamos que el propio consejero había anunciado la compra de 600 dosis de torymus para la próxima campaña y entendemos que, de la misma forma que ocurre en otras comunidades autónomas, la Junta es la que se tiene que hacer cargo de este problema. Actualmente, un tercio del total de la compra lo asume la Junta, y los dos restantes la Diputación y los ayuntamientos afectados. Es totalmente injusto, es una cuestión competencia directa de la Junta de Castilla y León. En ningún caso entendemos que los ayuntamientos tengan que ser los que paguen este tipo de actuaciones”, ha detallado el procurador.