En primera instancia, la Audiencia de León condenó al acusado a una pena de seis años de prisión pero el TSJ estimó su apelación al entender que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque el testimonio de la víctima no había superado el parámetro necesario de credibilidad.
Sin embargo, el Supremo revoca esta decisión y declara la nulidad de la sentencia del TSJ al destacar que “no se analiza el contenido del testimonio de la víctima con perspectiva de género”, ni se examinan de manera pormenorizada los testimonios de los amigos que la recogieron del lugar, hablaron con ella y la acompañaron a denunciar.
El auto del Supremo también señala que, “de forma ilógica”, se desecha el informe de la psicóloga de la Oficina de Asistencia a Víctimas de los Juzgados de León y, en cambio, se hacen valer otros informes sobre las supuestas contradicciones de la víctima sin motivar por qué se da validez a estos. En ese sentido, el Alto Tribunal considera infringido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el apartado relativo a la motivación y ausencia de arbitrariedad y a la irrazonabilidad en las resoluciones.