El taxi se reivindica como servicio público y mantiene ‘a raya’ a los VTC en Castilla y León

En la Comunidad los taxistas han logrado resistir el envite del ‘boom’ de estos servicios como Uber o Cabify

  sábado, 2 de febrero de 2019

  ICAL

Castilla y León se mantiene como una isla en la pugna entre el taxi y las VTC, vehículos de alquiler con conductor, pues en la Comunidad los taxistas han logrado resistir el envite del ‘boom’ de estos servicios, que ya existían en el pasado pero ligados a traslados de clientes con alto poder adquisitivo, pero que desde hace unos años han dado el salto a las calles, a través de plataformas como Uber y Cabify.

El presidente de la Federación de Taxistas de Castilla y León (FecylTaxi), Roberto Merino, explicó a Ical que han logrado mantener en la Comunidad una ratio de una VTC por cada siete licencias de taxi, que recalcó es un servicio público, sujeto a una regulación de tarifas y obligaciones de atención al ciudadano. “Hemos convivido siempre”, afirmó al tiempo que exigió protección a las administraciones.

En ese sentido, el representante de los taxistas demandó a la administración que blinde el servicio público que constituye este sector, si bien rechazó que pretendan mantener un “monopolio”. Roberto Merino defendió que existen unas 470 empresas dentro del mercado del taxi, que se hacen competencia entre ellos, si bien admitió que no cuentan con la libertad de funcionamiento con la que operan Uber o Cabify, si bien la Comunidad ha evitado a estas dos plataformas.

A su juicio, la situación actual deriva de un “agujero legal” generado por la Ley Omnibus (2009), que aseguró abrió la puerta a la concesión masiva de VTC, rompiendo la regla de un VTC por cada 30 licencias de taxi. Por ello, aseguró Roberto Merino, tuvieron que ampliar su actividad hacia el traslado de todo tipo de personas, compitiendo en precio, y arañando clientes.

No obstante, Castilla y León no sufre los efectos de la aparición masiva de las VTC. Roberto Merino explicó que algunas empresas pidieron autorización en Castilla y León, pero operan en otras ciudades, por lo que el taxi sigue trabajando con normalidad en la Comunidad. Además, señaló que la huelga y las medidas de presión que han protagonizado sus compañeros de Madrid y Barcelona perjudica la imagen del sector entre los ciudadanos.

Por el contrario, el representante autonómico del taxi apostó por otras iniciativas para acercar este servicio a las nuevas generaciones y formas de consumo. De esta forma, están impulsando una aplicación móvil –‘Pide taxi’- que permite solicitar un vehículo, de forma similar a como operan Uber y Cabify, que acaban de anunciar que dejan de operar en Barcelona.

También ofrecen en esta ‘app’ una calculadora para que los clientes puedan consultar de forma aproximada el coste del servicio. En este aspecto recordó que las tarifas del taxi están reguladas por las autoridades, por lo que no pueden fijarlas como hacen los VTC, si bien recordó la situación que se produjo en San Francisco (Estados Unidos), cuando las grandes plataformas acabaron con los taxistas y, posteriormente, duplicaron los precios.

En este año, el taxi incrementó de media un uno por ciento de media las tarifas en Castilla y León, que suma 2.298 licencias, cuyo coste oscila entre los 70.000 y 150.000 euros, en función del número de vehículos y del tamaño de la ciudad. “Aquí los ciudadanos no necesitan de otros servicios para moverse. Por ahora, no tenemos el problema que sufren en las grandes ciudades”, sentenció Roberto Merino.

Mapa de VTC

El mapa de los VTC lo componen 52 empresas que acumulan 310 autorizaciones actualmente, por lo que existe un servicio de este tipo por cada siete taxis. Por ello, en Castilla y León no se conceden nuevas autorizaciones desde noviembre de 2015, cuando entró en vigor la modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), al estar superar el ratio de una por cada 30 licencias de taxi.

En concreto los últimos datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contemplan seis empresas con 17 autorizaciones en Ávila; 14 en Burgos con 39 permisos; 12 en León, con 68 autorizaciones; dos en Palencia, con diez vehículos; cuatro en Salamanca, con 22 permisos; cinco en Segovia, con 68 vehículos; ocho en Valladolid, con 85 permisos, y una en Zamora, con un vehículo.


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