La Consejería de Fomento y Medio Ambiente iniciará esta semana los pagos de las ayudas al alquiler de viviendas a los 9.144 beneficiarios que han justificado el abono de las rentas de sus domicilios. Además, pondrá en marcha el proceso para repescar a los 2.235 solicitantes que no pudieron acceder a estas subvenciones, pese a cumplir los requisitos, por agotarse el presupuesto previsto en la convocatoria, 14,7 millones de euros.
El titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció este miércoles que su departamento comenzará en esta semana a abonar las cuantías concedidas de esta línea, que se resolvió a finales del pasado año con un total de 11.533 beneficiarios. El siguiente paso dado, explicó, fue la justificación de los requisitos establecidos en la convocatoria, lo que supuso el análisis de 125.000 documentos en “poco tiempo”, es decir, un par de meses.
Minutos después de firmar un convenio sobre la gestión del parque público de viviendas con el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), Suárez-Quiñones remarcó que la Junta cumple el compromiso asumido en la Mesa del Diálogo Social sobre esta materia, de forma que ningún solicitante que resultara beneficiario y haya podido justificar los requisitos -abonos realizados desde agosto de 2016 a julio de 2017- se quede sin la ayuda.
Para ello, Fomento comenzará esta semana a “llamar”, mediante unas cartas, a los beneficiarios que no entraron dentro de los seleccionados inicialmente para que puedan recibir la subvención, que recalcó es “importante”, porque financia parte de la renta de alquiler. También, el consejero hizo hincapié en el análisis por parte de los profesionales de la documentación presentada ya que recalcó que se trata de dinero público que debe ser gestionado con “rigor”.
El consejero destacó que estas ayudas, que se convocaron a principios de mayo del pasado año, pretende facilitar el acceso a la vivienda de personas con dificultades para hacer frente al pago de la renta. Para ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que esta línea eliminó la exigencia de ingresos mínimos, elevó el porcentaje de financiación del alquiler y flexibilizó algunos otros criterios para atender las necesidades “reales” de los ciudadanos.
El presupuesto dedicado en esta convocatoria alcanzó los 14,7 millones de euros, una cantidad superior a los 11,3 de 2016; los cinco de 2015 y los 2,9 de 2014. De esta forma, la ayuda media se situa en 1.404 euros, unos 117 al mes. Junto a la cláusula de rescate, se mantiene una ayuda máxima del 40 por ciento de la renta, o 2.280 euros al año. Además, los beneficiarios deben tener unos ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem, y no se exige un límite mínimo.
Finalmente, la renta pagada no puede superar un máximo que depende del municipio y va desde los 350 euros para el medio rural a los 475 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.