Los sindicatos reconocen la gravedad de la situación y no descartan el cierre definitivo de la explotación, según admite el secretario de Organización de la Unión General de Trabajadores en Laciana, Miguel Menéndez. En la diferencia de precio de mineral (70 euros por tonelada el producido en La Escondida y 55 euros el importado) estriba parte de la explicación de la decisión de la compañía, también condicionada por el parón de actividad en Compostilla II.
Los representantes del comité aseguraron que la compañía ha recibido una oferta “irrisoria” para meter carbón en la central a un precio de 54 euros por tonelada, incluyendo el transporte. “Con ese dinero no es rentable sacar carbón”, recordaron los empleados, que lamentaron que las compañías eléctricas sí acepten comprar carbón de importación a precios que alcanzan hasta los 73 euros por tonelada.
“Es una verdadera sinrazón, hay un enfrentamiento entre las eléctricas y el Gobierno y quien lo paga son las empresas mineras”, aseguraron los responsables sindicales, que insistieron en reclamar el cumplimiento del Plan del Carbón para combatir la “cerrazón” de las compañías eléctricas y evitar el cierre de las explotaciones mineras.
En la misma línea, los integrantes del comité recordaron que la previsión de los responsables de la compañía apuntaba a la apertura de otros dos centros de trabajo en la comarca de Laciana en un plazo de menos de seis meses. Con la negativa de Endesa a comprar carbón para Compostilla, estas previsiones “se han venido abajo”, lamentaron los responsables sindicales. Además, junto a los 21 trabajadores fijos de la plantilla, otros 40 empleados recibieron este viernes la carta de despido, ya que sus contratos de fin de obra se han rescindido.
“Es una pena, otra vez más se ve lo que está haciendo el Gobierno, que es desmantelar el sector de la minería”, lamentó el secretario comarcal de UGT en Laciana, Antonio Fernández, que recordó que el precio al que se oferta el carbón nacional está “muy por debajo” del precio del carbón de importación.
En ese sentido, Fernández consideró que existe una “voluntad política” por parte del Gobierno para acabar con el sector de la minería del carbón y acusó también a la Junta de ser “cómplice” del Ejecutivo central en esta materia.