A su juicio, el Gobierno “no tiene que autorizar nada a las comunidades”, tal y como establece el decreto de alarma, sino que son los ejecutivos autonómicos los que “tienen que comunicar aquellas medidas que adopten”. No obstante, en el el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el próximo miércoles, se abrirá una discusión relativa a los acuerdos y la manera “sobre cómo concretarlos para la eficacia de las medidas, que fijan una temporalidad de siete días, que el Gobierno cree que es la adecuada”.
Respecto a las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas, consideró que son “muy contundentes”. “La aprobación del estado de alarma da un paso muy importante. Ofrece un marco de certeza importante para la toma de las decisiones por parte de las comunidades, como ya están haciendo. Con esto pensamos que conseguiremos estabilizar la curva, doblegarla y mantenerla baja. En eso estamos enfocados, tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades. Estoy seguro de que estas medidas darán su fruto, porque son muy territorializadas”, insistió.
Por último, rechazó que el estado de alarma “vaya a quedar obsoleto”, porque es un instrumento que ofrece a los comunidades la posibilidad de actuar en cuatro ámbitos “muy relevantes”: la limitación de la movilidad nocturna, de reuniones, de municipios y la movilización de recursos. “No permite confinamientos domiciliarios, pero estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas, de forma adecuada y ágil, se conseguirá bajar la curva”, concluyó, en declaraciones recogidas por Ical.