Izquierda Unida presentará una moción en seis ayuntamientos bercianos, para exigir que se garantice el derecho constitucional a la vivienda, ante la situación que califican de "emergencia social que viven muchas familias", y que permita abordar soluciones reales que eviten el drama de los desahucios.
Las mociones se presentarán, de momento, en los ayuntamientos de Cacabelos, Fabero, Puente Domingo Flórez, Toreno, Ponferrada y Bembibre y será el coordinador de cada asamblea local el que se encargará de entregarlo en el registro. La pretensión de IU es hacer extensible esta moción al resto de ayuntamientos bercianos, aunque no tengan representación, ya que consideran urgente y necesario que se apliquen políticas públicas que permitan garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, "que generen distintos beneficios sociales y corrijan las injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras".
Para ello, desde IU piden a los ayuntamientos que insten al Gobierno central a presentar, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley, que modifique la actual Ley Hipotecaria, “de forma que se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y desarrolle las posibilidades de la imbargabilidad del derecho de uso reconocido en la legislación española”. Así mismo, consideran que el cambio de la Ley “debe incluir la modificación del Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado”.
También piden que se adopte de “forma inmediata” una medida que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en el caso de pequeños empresarios y autónomos, al mismo tiempo que consideran que esta medida debe ser aplicada de “forma inmediata, independientemente de la tramitación de la Ley”.
Asimismo proponen que se retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda aprobada por el Parlamento de Andalucía y que se dé instrucciones a las entidades financieras, nacionalizadas o que reciben ayudas públicas, para que “suspendan todos los procedimientos de embargo y desahucio sobre viviendas que sean residencia habitual de personas en situación de desempleo”.
También demandan la creación de un parque público de vivienda en alquiler protegido y tasado de tal forma que la renta por alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares, y que se conceda preferencia a las personas que han sufrido un desahucio, al mismo tiempo que proponen que las viviendas procedan del stock en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) destinando al parque público, al menos, el 80% de sus activos.