A través de un comunicado, explica que recoge la denuncia pública realizada por STECyL al aparecer anuncios por parte de los Colegios profesionales de enfermería para la contratación por parte de las empresas que habían sido adjudicadas para llevar a cabo la prueba en el ámbito privado, pero con recursos públicos.
Las condiciones de contratación de estas empresas están por debajo de las condiciones del SACyL, lo que genera beneficios para las empresas que se van a encargar de la realización de pruebas COVID-19 en Educación, pero quienes padezcan la enfermedad serán tratados en la sanidad pública y considera que ese dinero debería haberse dedicado a la contratación de personal para el SACyL, remarca IUCyL.
Por ello, considera que no tiene sentido privatizar la realización de pruebas PCR a empresas que no tienen “la solvencia ni la capacidad” que tiene el sistema público de salud. Además, indica que se tienen que ceder datos confidenciales a empresas, cuando se podría dedicar dicho presupuesto a la contratación personal para la realización de pruebas PCR al profesorado y al alumnado de educación y gestionar esos datos confidenciales dentro del sistema público de salud.
Según la coalición, el problema fundamental del sistema sanitario de Castilla y León es la falta de atención y de presupuesto de atención primaria que está “infradotado y colapsado” debido a la pandemia del COVID-19 y eso es responsabilidad exclusiva de la Junta de Castilla y León que lleva años “recortando” en Sanidad y Educación públicas.
De esa manera, se refiere a la adjudicación a Cualtis (428.169 euros) y Quirón prevención (313.031 Euros) la realización de pruebas PCR a los alumnos, docentes y sus contactos en caso de detectarse síntomas de Coronavirus en las aulas de la Comunidad.