Al respecto, Sáez Aguado, remarcó el viernes que Sacyl utiliza la lógica a la hora de establecer el cierre de determinadas plantas o espacios hospitalarios, un extremo que Izquierda Abierta rechaza “de manera absoluta y contundente”, puesto que, a su juicio, el cierre se produce “sin justificación” y afecta a camas que son “necesarias”. “La insensibilidad de los responsables de Sacyl ante el drama de las listas de espera es manifiesta y sus argumentos para cerrar estas camas constituyen un insulto a la inteligencia de la sociedad”, reprocharon.
En ese sentido, criticaron también que se ralenticen las citaciones “de forma intencionada”, algo que se produciría para evitar contratar a los profesionales necesarios o para así cesar a los eventuales, explicaron. “Es la falta de personal la que provoca el cierre de camas, por mucho que intente ocultarlo la Junta”, sentenciaron.
En la misma línea, Izquierda Abierta exigió que no se cierren “jamás” camas públicas en ambos hospitales mientras exista una lista de espera como la actual y mientras se constate que sigue existiendo el “hábito de derivar personas enfermas a clínicas privadas”, en lo que consideraron “una política general de privatización de la sanidad en León y el Bierzo mediante la implantación de las Unidades de Gestión Clínica (UGC)”.
Al respecto, advirtieron que la puesta en marcha de las UGC impulsará “la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí”. Además, criticaron que su implantación supondrá “el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales de la plantilla” y “la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones”.
El recorte en plantillas, la falta de sustituciones en los centros de salud rurales y urbanos, la multiplicación de las listas de espera en las citas con los médicos generales o el aumento de las listas de espera, que la formación considera “una enfermedad endémica de nuestra sanidad pública en manos del PP” son los argumentos con los que Izquierda Abierta denunció el “auténtico asalto a la sanidad pública”, que tendría la intención de “precarizarla, maltratarla, y de este modo generar negocio fácil para la sanidad privada”.