Todas las partes han mantenido las calificaciones previas en sus conclusiones, por lo que el Ministerio Fiscal ha pedido una sentencia condenatoria por entender probada "la acción unilateral e ilícita" de José Luis Ramón en las intervenciones de extracción de áridos que se llevaron a cabo y que el por entonces alcalde de Cubillos del Sil autorizó sin unta tramitación municipal y que se llevaron a cabo en parcelas "no municipales sino propiedad de un tercero, ADE, agencia que además "mostró por escrito su negativa a la autorización". Además, el Ministerio Público hizo referencia a los informes de peritos "que acreditan que para sacar los áridos se habían horadado el suelo en algunos puntos a más de tres metros de profundidad, lo que requería además autorización de minas y licencia medioambiental".
El letrado de la acusación particular apeló a una sentencia condenatoria para el exalcalde al que uno de los testigos, el empresario Miguel Casero, señaló directamente como "la persona con la que se reunió y con la que acordó realizar una extracción de áridos en el Polígono del Bayo y por la que pagó a un intermediario que después le hacía llegar el dinero a Ramón", una trama, según la acusación, "basada en los favores" que convirtió al Bayo, dijo el abogado, "en una cantera ilegal del alcalde para trasportar zahorra a numerosas obras, entre otras las que se realizaban en la Ciuden, las del Canal Alto del Bierzo y proyectos de Endesa".
Sus declaraciones han llevado a Ramón a anunciar ante el Magistrado que presentará una querella criminal contra él porque sus declaraciones están llenas de falsedades y mentiras. El exalcalde apeló de nuevo a la necesidad de que se tenga en cuenta que ambas obras en las que se denunció el traslado de áridos eran proyectos contratados por la Diputación y no por el ayuntamiento por lo que en ningún caso se le puede imputar una relación de su asesoría con la ejecución de ellas. Además, volvió a insistir en que las decisiones se tomaron debido a los problemas que surgieron en el firme en las dos pequeñas obras, la de un camino y la del pabellón Municipal de Deportes, y que sus autorizaciones se hicieron en base "a lo que era esencialmente un movimiento de tierras de una finca a otra".
El Ministerio Fiscal pide para Ramón 8 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público mientras que la acusación particular pide 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público.
