"Estamos abiertos al diálogo", proclamó la regidora para reconocer que se trata de "un tema de índole sobre todo jurídica, un tema técnico, muy complejo". "Hay que mirar muy mucho lo que se hace", añadió sin desvelar si el Grupo Popular llevará una propuesta concreta a la Comisión Informativa antes de recalcar la existencia de "posturas e informes contradictorios". "Y la Ley de Contratos del Estado vino todavía más a complicarlo", apostilló.
Respecto del informe externo solicitado y ya remitido, Fernández Merayo sostiene que puede servir "por lo menos de pauta para orientar" una solución que, a su juicio, debería ser consensuada. "Me gustaría de verdad que mañana (por este miércoles) saliera de esa Comisión una solución consensuada", dijo la alcaldesa.
La polémica del ‘macrocontrato’ se inició con la adjudicación del servicio por parte del gobierno de Samuel Folgueral a FCC por un plazo de 17 años más 3 prorrogables, a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos. Urbaser, la otra empresa que aspiró al servicio, presentó alegaciones al considerar que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista económico. El TSJ anuló finalmente el ‘macrocontrato’, instando al Ayuntamiento a solucionar el problema de este servicio, que se ha alargado durante más de dos años.