“En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios”, afirmó el pasado marzo.
La ley de transitoriedad jurídica, conocida como 'Ley de desconexión', está previsto que se apruebe durante este verano en una votación exprés en el Parlament, paso previo a la convocatoria del referéndum unilateral. Pocos diputados de JxSí y la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), y ningún grupo de la oposición, han podido consultar el proyecto ley. Altos cargos del Gobierno catalán, del PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) han explicado públicamente que el momento más difícil del proceso de independencia "será la aprobación de esta ley, que supondrá la ruptura con la normativa legal vigente".
Los líderes del independentismo han hecho hincapié en la necesidad de movilizar a su base social para dar apoyo al Parlament y al gobierno ante posibles inhabilitaciones por parte de la justicia. El presidente del PDeCAT, Artur Mas, aseguró en febrero en un acto de la ANC: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”.
“Lo que prevé la ley de transitoriedad jurídica es que a partir de ese momento, en todo aquello que concierne al desarrollo hacia la independencia, las leyes que deben seguirse serán las catalanas. Por lo tanto, los funcionarios deberán obedecer estas leyes. El día que haya una ley hecha por el Parlamento de Cataluña, tiene que ser obedecida si no será sancionada (sic) por todos los funcionarios, sean los que sean. Y en cualquier caso, los funcionarios deberán preguntarse 'y si no obedezco esta ley catalana, ostras, ¿qué pasará?", aseguró Llach en otra de sus intervenciones.
