La consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario (Foto: Leticia Pérez / ICAL)La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, anunció este lunes que los servicios jurídicos de la Junta están analizando la capacidad de la Comunidad en sus medidas frente a la COVID a partir del próximo 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, y exigió de nuevo al Gobierno que adopte medias para evitar judicializar la toma de decisiones.
Casado insistió en la preocupación del Ejecutivo autonómico por el “cambio del marco legal” con el final del estado de alarma y exigió nuevas medidas en un momento de riesgo en el que la situación de la pandemia no es buena. “Nos preocupa y mucho, porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. No estamos en una situación de tranquilidad porque puede remontar en cualquier momento”, advirtió durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario.
Verónica Casado reconoció que desconoce qué medidas podrán adoptar y cuáles requerirán permisos de los jueces tras el 9 de mayo, y explicó que adoptarán las decisiones oportunas el jueves, en el Consejo de Gobierno, tras conocer el análisis de los servicios jurídicos.
La consejera dejó claro que la Comunidad seguirá adherida al semáforo de niveles de riesgo diseñado por el Consejo Interterritorial de Salud y las medidas que contempla. No obstante, asumió que todas las medidas que limiten la movilidad o la libertad de las personas deberán pasar por los tribunales.
En este sentido, repitió que no se debe judicializar la toma de decisiones, porque “es un tema que debería resolverse por el Ejecutivo y el Legislativo”. “Los jueces han dicho que no es bueno”, rememoró, para explicar que “todo lo que sea limitar la movilidad deberá pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y será complejísimo, porque deberemos hacer miles de informes y pedir jueces decisiones”. “Eso no es bueno”, resumió.
La mecánica no es nueva, porque ya se tuvo que recurrir al poder judicial este verano para aplicar confinamientos, pero la consejera aclaró que entonces la incidencia era mucho menor y la situación ahora es de mucho mayor riesgo.
Casado trasladó sus temores a que los ciudadanos piensen que “no pasa nada” cuando decaiga el estado de alarma, y "empiecen a hacer fiestas y botellones". Así, pidió a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que estén vigilantes para que se sigan cumpliendo las limitaciones de reuniones y aforos establecidas en los semáforos
Verónica casado repitió que “no sabe qué va a pasar” tras el 9 de mayo, pero deseó que les permitan “tomar decisiones de forma fácil” o al menos “más rápida”. Así, indicó que espera que “haya una solución en breve y no nos quedemos desprotegidos” porque “no estamos en situación de poder carecer de medidas” “Seguimos teniendo necesidad de una paquete de medidas y es también fundamental que aquellas medidas eficaces se sigan manteniendo”, resumió
Verónica Casado repitió que siguen adheridos al semáforo que habla de los cierres de la hostelería y las casas de apuestas pero “no habla de más cosas” y manifestó que debe llegar algo desde lo que tienen responsabilidad de coordinación de la lucha contra la pandemia en España.
La consejera recordó que País Vasco, con la mayor incidencia en España, pide “de forma intensa” que se prorrogue el estado de alarma, y advirtió de que “si se prolonga, se debería hacer para todos”. “No se qué harán, pero es preciso que se sigan tomando medidas con los datos actuales”, dijo.
Al respecto, remarcó que sigue habiendo “riesgo alto”, con una tasas de 183,93 por 100.000 habitantes a 14 días, por debajo de la media en España. La tasa a siete días es de 88,9 casos, “inferior a las dos semanas anteriores”, dijo, y precisó que el techo de la cuarta ola es de 110,2 casos el 5 de abril, pero “no se produce un descenso muy significativo de casos”, por lo que “hay que seguir adoptando medidas” y el Gobierno “debe dotar” a las autonomías de herramientas ante el fin del estado de alarma.