José Antonio de Santiago-Juárez y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reunieron con los delegados territoriales del Gobierno autonómico en la Comisión de Coordinación Territorial, a los que el vicepresidente hizo este anuncio.
Cabe recordar que la Junta de Castilla y León incrementó el salario de sus empleados públicos, unos 80.000, en un 1,5 por ciento en la nómina del mes de agosto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Así lo recogía la orden de la Consejería de Economía y Hacienda que publicó el pasado 26 de julio el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
La medida se aplicó tras la reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos en la que se abordaron las tablas retributivas, que figuran en el anexo de la orden de Economía. Asimismo, el Consejo de Función Pública, en la cita del 17 de julio, informó favorablemente sobre el aumento lineal del 1,5 por ciento.
La Junta de Castilla y León no aplicó hasta entonces el aumento del 1,5 por ciento en los salarios de los empleados públicos al no haberse aprobado entonces los Presupuestos Generales del Estado, que entraron en vigor este mes.
Asimismo, se trataba de la máxima subida salarial que la Administración autonómica podía realizar en estos momentos, de acuerdo con la exigencia legal derivada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, donde se recogen las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
La exigencia legal para todas las Administraciones indica que en 2018 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
Fuentes sindicales estimaron en 20 millones de euros los atrasos que la Junta adeuda a sus 80.000 empleados públicos.