La Junta pretende aprobar el cierre perimetral por provincias y de comercios a las 18h en Castilla y León – INFO BIERZO

Miriam Chacón / ICAL

La Junta pretende aprobar el cierre perimetral por provincias y de comercios a las 18h en Castilla y León

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Igea afirma que se tiene que hablar con alcaldes y presidentes de diputaciones porque gran parte de ellas las tienen que respaldar

ICAL

La Junta de Castilla y León planteará mañana viernes, en una reunión con alcaldes y presidentes de diputaciones, medidas restrictivas en la movilidad, incluyendo limitaciones adicionales, como el cierre perimetral provincial, ante la situación de gravedad por el aumento de los contagios en esta última semana.

Así lo avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, que marcó como objetivos en las próximas 24 horas bajar la movilidad, la actividad y el contacto social, si bien evitó precisar el tipo de medidas ya que antes quieren informar a los representantes locales.

Además, El Mundo ha deslizado este jueves la intención del ejecutivo autonómico de decretar el cierre a las 18:00 horas de todos los comercios no esenciales, incluidas las terrazas de la hostelería. De salir adelante esta propuesta, podría aplicarse desde las 00.00 horas del sábado.

Estas medidas parten del deseo de la Junta de Castilla y León de atajar el incremento exponencial de contagios de COVID-19, pues ya han solicitado al Gobierno la posibilidad de un confinamiento domiciliario “duro pero intenso”, a la espera de una respuesta por parte del ejecutivo central.

El vicepresidente rechazó el confinamiento de municipios al recordar que Castilla y León tiene un número importante de entidades y no es como el País Vasco o Extremadura, algunas de las comunidades que han adoptado esa medida, aunque no descartó ir a cierre perimetral en el ámbito provincial, como manifestó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una entrevista televisiva.

También, explicó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, habló esta mañana con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, en el ámbito de la coordinación sobre la restricción de movilidad que plantea el Ejecutivo.

Lo que sí descartó fue que se pueda acordar cerrar las aulas, pues se mostró “orgulloso” del dispositivo y de la vuelta a la normalidad en las mismas tras los episodios de la borrasca Filomena, para subrayar que los contagios no se producen en estos centros, sino que incluso hay más en periodos vacacionales.

Precisamente, en su mensaje de reducir el contacto social, recomendó a la población mantenerse en sus casas y no salir salvo que sea necesario, evitar las reuniones en los domicilios con personas que no son de su ámbito familiar y las visitas a las residencias de mayores.

No obstante, recordó que se debe quedar en el plano de la recomendación porque puede afectar a derechos fundamentales de las personas y no ser legal, una de las razones también por las que la Junta plantea cambios en el decreto del estado de alarma.

Durante su comparecencia, tanto Igea como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendieron que las medidas adoptadas por la Junta en octubre dieron resultado y se mostraron convencidos de que también tendrán un efecto positivo a partir de ahora, cuando se ha vuelto a decretar el cierre de la hostelería en su interior, centros comerciales, gimnasios y casas de juego y apuestas.

Tras reconocer que les gustaría ser más rápidos, pero que no tienen “capacidad de adivinación”, el vicepresidente rechazó “perder tiempo” en el debate de “arrepentimiento” de si las medidas, ante lo que se esperaba tras las navidades, se han podido adoptar tarde, y subrayó que son “homologables” a las que existen en países del entorno, aunque añadió que eso “no consuela”.

“Habrá profetas y capitanes, un día se cogerá la hemeroteca, hoy no interesa”, en referencia a criticas de la oposición sobre cambios de criterios para tomar las medidas, donde defendió que, conforme a la anticipación pedida por los expertos, se computa la incidencia acumulada en siete en vez de 14 días para adoptar las decisiones.

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