La operación Enredadera 'toca' a cinco ayuntamientos leoneses y deja a cinco personas a disposición judicial en Astorga

La Policía registra desde primera hora de este martes las dependencias municipales y detiene a varios cargos públicos

03 de Julio de 2018
Actualizado: 03 de Julio de 2018 a las 19:55
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Registro en el Ayuntamiento de Astorga. Foto: Peio García /ICAL Registro en el Ayuntamiento de Astorga. Foto: Peio García /ICAL

registro-san-andres-del-rabanedo Carlos S. Campillo / ICAL Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

registro-villaquilambre Carlos S. Campillo / ICAL Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el Ayuntamiento de Villaquilambre

leon635 Carlos S. Campillo / ICAL Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el ayuntamiento de León

La macroperación contra la corrupción bautizada como Enredadera iniciada desde el Ministerio Fiscal en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que llevan a cabo más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional afecta a cinco municipios de la provincia leonesa (León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo) y al de Palencia.

Numerosos agentes hicieron acto de presencia desde primera hora de la mañana de este martes tanto en dependencias municipales como en domicilios particulares de algunas de las personas -cargos institucionales, administrativos y políticos- que prestan declaración ante la Policía y que en algunos casos lo harían ya en calidad de detenidos (en número indeterminado), aunque este extremo no es confirmado por fuentes oficiales.

La llegada de los efectivos y de los vehículos a los recintos consistoriales sorprendió tanto a trabajadores como a viandantes y a los ciudadanos que acudían a sus respectivos ayuntamientos a realizar alguna gestión administrativa. Las posibles irregularidades en contrataciones públicas son el eje de esta operación que alcanza a 40 municipios de toda España.

La prudencia ante las consecuencias de los registros y posibles detenciones de responsables de distintas formaciones políticas es la consigna que se sigue en las instituciones afectadas, donde portavoces y gabinetes de prensa evitan pronuciarse al respecto hasta que se conozcan más detalles de las actuaciones policiales y judiciales. Sí se sabe que lo ocurrido habría generado cuadros de ansiedad en alguno de los afectados, que se vieron sorprendidos por los requerimientos de la Policía.

En la capital, donde varios despachos fueron precintados y hubo varias tomas de declaración tanto a políticos como a técnicos, el alcalde Antonio Silván reiteró la absoluta voluntad de colaboración y transparencia y confirmó la constitución de una comisión con los habilitados nacionales y otros trabajadores para que prestén todo el apoyo necesario. “Hemos tenido requerimientos de información y de documentación y me comunicaron que a diferencia de otros ayuntamientos aquí no procedía ninguna detención y estamos prestando la máxima colaboración y disposición”, recalcó.

El resto de alcaldes afectados no se pronunciaron de momento sobre lo ocurrido y tampoco fue posible mantener contacto telefónico con ellos. El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, abandonó las dependencias consistoriales acompañado por los policías y se desconoce hacia dónde se dirigieron.

Por su parte, el máximo responsable del Partido Autonómico Leonés, Miguel Ángel Díaz Cano, se limitó a señalar que conocía que alguno de los ediles de la formación estaba “retenido” y añadió que no disponía de más información. En el Ayuntamiento de Astorga, el número de personas retenidas por los agentes policiales sería de cuatro, según fuentes consultadas, además de que efectivos policiales se han personado en el domicilio del alcalde de la localidad maragata, Arsenio García, acompañados por el propio regidor, con quien poco después abandonaron la vivienda con destino desconocido.

La presencia policial se mantenía en los consistorios a primera hora de la tarde mientras los trabajadores terminaban su jornada laboral cuya normalidad fue imposible y estuvo acompañada por la incertidumbre sobre la situación inmediata de algunos técnicos, funcionarios, concejales e incluso alcaldes.

La Operación Enredadera deja a cinco personas a disposición judicial en Astorga 

La Operación Enredadera, ordenada a instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, se saldó con 39 detenidos, aunque de ellos 18 pasaron a disposición judicial -cinco en Astorga (León) y 13 en Badalona (Barcelona)-, y el resto fueron puestos en libertad, según informaron a Ical fuentes del Ministerio del Interior.

Palencia

La UDEF llevó a cabo un registro en las áreas de patrimonio y contratación del Ayuntamiento de Palencia, donde el alcalde, Alfonso Polanco, confirmó que la empresa denunciada, Aplicaciones Gespol S.L., ha estado gestionando “aspectos concretos” en la capital como los semáforos y las multas desde el año 2011, pero el contrato ya ha concluído.

Polanco aseguró que el consistorio ha colaborado “con la máxima transparencia” en el registro del edificio de las Agustinas Canónigas y añadió que no se llevará a cabo ninguna detención. “Mi impresión es que no hay nada en concreto, creemos que no hay ninguna cuestión, pero serán los jueces los que lo determinen”, apuntó.

La portavoz socialista del consistorio, Miriam Andrés, insistió en la cautela a la espera de conocerse si existe algún tipo de conducta que pudiera estar sujeta a la acción de la justicia y reclamó “la máxima contundencia” y la aplicación “estricta” de la ley en el caso de que se confirmara algún tipo de irregularidad.

Por su parte, el grupo municipal de Ganemos solicitó la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces para esta tarde, para que el alcalde de la ciudad dé explicaciones sobre los contratos y las personas que están siendo investigadas por la UDEF en la Operación ‘Enredadera’.

La Cistérniga

El alcalde de La Cistérniga (Valladolid), el socialista Mariano Suárez, aseguró hoy que no le han pedido “absolutamente nada” en relación a la operación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en relación a la gestión de sistemas de tráfico. El regidor insistió en declaraciones a Ical que no habían recibido ningún requerimiento, ni que tampoco se había personado ningún agente del Cuerpo Nacional de Policía, junto a la comitiva judicial, y aseguró que la documentación relativa a esta investigación está sobre la mesa del despacho de la secretaria a disposición de cualquiera que tenga que revisarla.

Reacción en el PSOE

La secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, manifestó hoy en Zamora que si hubiera algún responsable socialista inmerso en la investigación se le suspendería de la militancia y se le pediría que pusiera a disposición los cargos, pero señaló hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque recordó que su partido se comporta en casos así con “celeridad y rapidez”.

Sánchez calificó de “tranquilizante” que el sistema funcione e investigue una presunta trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de ayuntamientos de toda España.

Ciudadanos expulsará a los imputados

Ciudadanos anunció hoy que suspenderá de militancia a los dirigentes de la formación que tengan que declarar ante el juez y aseguró que no le temblará el pulso con quien sea imputado por un delito de corrupción, puesto que será expulsado del partido.

En un comunicado, la formación 'naranja' aseguró que “la sociedad española necesita decisiones firmes y contundentes ante cualquier caso de corrupción” y añadió que se espera que “ PP y PSOE, con decenas de cargos que tienen implicados, actúen con la misma celeridad y contundencia que Cs”.