La campaña Operación Aire 2019, que se ha desarrollado entre el 21 de enero y el 28 de febrero por personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y miembros de la Guardia Civil, se ha saldado con la inspección de 141 instalaciones industriales que dieron lugar a la formulación de 7 denuncias administrativas, con el consiguiente expediente sancionador, a empresas ubicadas en las provincias de León, Salamanca, Valladolid y Zamora por utilizar combustibles no autorizados.
Según informa hoy la Junta, estas denuncias administrativas dan origen al correspondiente expediente sancionador a otras tantas instalaciones industriales por utilizar en sus calderas combustibles no autorizados, dentro de la campaña Operación Aire 2019, que ha intensificado las inspecciones durante los meses de enero y febrero. La quema de residuos no permitidos provoca emisiones contaminantes con posibles repercusiones para la salud de las personas.
Así, explica que han intensificado los servicios de vigilancia e inspección en talleres e instalaciones industriales y agropecuarias susceptibles de utilizar en calderas de calefacción o industriales combustible no autorizado, entre ellos, restos de biomasa tratada, plásticos y restos de otras sustancias utilizadas en la agricultura y automoción.
La quema de estos residuos en las calderas está prohibida por la normativa en materia de residuos, ya que las calderas no están diseñadas para este fin, y su incineración provoca emisiones contaminantes importantes con posibles repercusiones sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
La Operación Aire continuará activa durante todo el año 2019 dentro del servicio diario que realizan las diferentes unidades de la Guardia Civil en Castilla y León. La campaña se lleva a cabo en todas las provincias aunque con más intensidad en aquellas comarcas donde está presente la industria de la fabricación de muebles y otros derivados de la madera natural.
En tal sentido, detalla que la campaña retoma los objetivos marcados ya el año pasado, entre ellos, concienciar a los operadores sobre la peligrosidad y repercusión negativa de estas prácticas para la salud pública, mejorar la calidad del aire en la Comunidad y especialmente en municipios de pequeño tamaño donde es previsible que esta práctica esté más generalizada.