Las Cortes de Castilla y León cerraron filas hoy con los trabajadores de las contratas y las subcontratas de empresas auxiliares de las centrales térmicas en Castilla y León (Guardo en Palencia y La Robla, Anllares y Compostilla en León) para que se incorporen al Acuerdo Marco de la Transición Justa y el Desarollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027.
Desde la tribuna de invitados de las Cortes una representación de los afectados -en total son 180- siguió el debate de la proposición no de ley presentada por Podemos, marcado por un cruce de reproches entre el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, la socialista Gloria Acevedo y el popular Juan José Sanz Vitorio. No obstante, el voto de todos fue a favor del texto, al que se incorporó la prioridad de estos empleados en los futuros trabajos de desmontaje de las centrales y en los proyectos medioambientales que se realicen.
El texto de Podemos aboga porque sean los empleados de estas empresas auxiliares quienes, preferiblemente mediante subrogación, "disfruten de prioridad a la hora de acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de las centrales térmicas de Castilla y León, así como el desarrollo de las nuevas instalaciones que se rpoponga llevar a cabo en las zonas de las centrales en el proceso de reindustrialización de las comarcas mineras".
El encargado de defender la proposición no de ley fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien calificó de “injusticia que se haya dejado en la estacada” a un número importante de trabajadores por lo que planteó paralizar los despidos, ganar tiempo para encontrar soluciones que mantengan los puestos de trabajo y poner en marcha un plan social, en especial para los mayores de 55 años.
“Es urgente, es perentorio que se tomen medidas inmediatas”, reclamó Fernández, para exigir que no existan trabajadores de “segunda categoría que residen en comarcas devastadas”, que antes tenían riqueza y ahora piden un “trato digno y no discriminatorio”. “Endesa lleva años lucrándose y ahora se quiere ir, no debemos consentirlo”, concluyó.
El procurador de IU, José Sarrión, sentenció que “esta es la historia de una vergüenza” en referencia a la privatización de una empresa pública, como Endesa, por el PP y el PSOE y calificó de “desfachatez que manden a la calle a 200 trabajadores de segunda”. Ante ello exigió un plan social para los empleados de las siete auxiliares para que no haya trabajadores de primera y de segunda.
“Vamos a aprobar la proposición no de ley sin fisuras, porque les han engañado todos”, aseveró Luis Mariano Santos (UPL), que reprochó a Pedro Sánchez que presuma entre sus logros de iniciar la transición justa y recordó que se llevan más de 21 años buscando soluciones.
El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel manifestó que los trabajadores de las auxiliares son “víctimas de una transición que no es justa”, pidió autocrítica a quienes fiaron todo en las térmicas sin una reactivación en las cuencas, afirmó que el mayor proyecto es restaurar la 'Nueva Julia' por 24 millones y abogó por una alternativa que genere empleo, pero coincidió en solicitar el mismo trato ante los beneficios de las empresas, “que no pueden ignorar que dejan unas comarcas arrasadas”. “Había que haber luchado más por el día siguiente del cierre de la minería”, lamentó.
Gloria Acevedo (PSOE) defendió que el Gobierno ha mejorado con el acuerdo marco a las contratas y subcontratas, recordó que cuenta con el apoyo de Carbunion y los sindicatos y afirmó no entender a “qué estamos jugando”. También, indicó que esos trabajadores iban a tener un plan personalizado para que se incorporen al mercado de trabajo en lo que está el Ministerio. “¡Qué vienen a contarnos a aquí!”, proclamó, para añadir que su partido “no ha dejado a nadie atrás”.
El parlamentario del PP Juan José Sanz Vitorio argumentó que “ni existe transición ni es justa”, afirmó que lo que hay es un “cierre abrupto e inesperado” de la actividad, que atribuyó a un “Gobierno acomplejado que se viste de una etiqueta verde”, y concluyó que la “barbaridad cometida” por el Ejecutivo ha tenido el respaldo de Podemos.
Sanz Vitorio subrayó que su grupo defiende que se mantenga la actividad hasta 2030 en las centrales viables, como La Robla 2 y Compostilla 4 y 5, y calificó de “posible” cuando en Alemania y Polonia han planteado un horizonte hasta 2035 y 2038, respectivamente. “Vemos las consecuencias de un Gobierno frívolo”, indicó, aun así respaldó la propuesta.
Cerró el debate Pablo Fernández con invectivas al Grupo Socialista sobre su “corazón socialista”, al que se refirió Acevedo, para manifestar que hace tiempo que “dejó de representar a la clase obrera de este país”. Desde la bancada socialista, Pedro González fue llamado al orden por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, por pronunciar un “imbecil” al portavoz morado, que a su vez respondió con un “impresentable”. Al PP le culpó de que las decisiones las tomen las grandes compañías y de propiciar la situación en la que están ahora los empleados.
“El PSOE está con los trabajores”, afirmó Gloria Acevedo, mientras que Sanz Vitorio mantuvo el apoyo pese a que se cambió la propuesta de resolución, conforme a lo que se habló ayer por la tarde con la plataforma de afectados, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados de las Cortes.