*Foto destacada: Detalle del diorama 'El quinto mandamiento' de la Asociación de Modelistas Bercianos. César Sánchez
Hace 82 años, el 5 de mayo de 1937, una veintena de hombres cumplían su condena a muerte y se colocaban frente a frente ante el pelotón de fusilamiento. Eran las cinco de la madrugada, eran sus últimos instantes de vida. Después sus restos fueron enterrados en el antiguo cementerio del Carmen, pero sus familiares nunca los recuperaron. Sus nombres eran Arturo García Alonso -entonces alcalde de Bembibre-, Eugenio ÁlvarezRodríguez, Fernando Arias Pérez, Antonio Díaz García, Antonio Díaz Gómez, Leoncio Fernández Rodríguez, Jesús Ferrero Incógnito, Luis García Collar, Baldomero González, Gaspar González Teverga, Adolfo y Manuel López González, Francisco López Lamilla, Ramón Marqués García, Baldomero Marqués Pena, Santos Molinero Teverga, Serafín Silván Fernández, Benito Sobrín González, Antolín Toribio Martínez y Miguel Valcárcel Gómez.
Eran 'Los 20 de Bembibre', condenados a pena de muerte por un delito de rebelión militar en la causa abierta para juzgar la resistencia de la villa del Boeza tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, que dio origen a la Guerra Civil. Durante los días siguientes al golpe de estado pasaron por Consejo de Guerra unas 36 personas de este municipio, aunque eran más los encausados que no se presentaron ante el Juzgado Militar -en paradero desconocido, hicieron caso omiso a las requisitorias y figuran en el expediente como huidos o rebeldes-.
El comandante Román Losada, al frente de la Guardia Civil de Ponferrada, estampaba su firma el 20 de noviembre de 1936 en un documento que abría un procedimiento sumarísimo para esclarecer esos sucesos "revolucionarios" y de "extraordinaria gravedad" registrados en Bembibre y los pueblos de los alrededores para "organizar una resistencia armada contra el Ejército Nacional". Durante dos meses se reunieron cientos y cientos de folios con declaraciones, pruebas, autos y un sinfín de documentos en torno a ese "grueso" expediente 154/36.
Su conclusión, un sentencia que da por "probados" los hechos de los que se les acusaban. Les señala como responsables de la formación de un "comité anárquico" que asume la autoridad tras el alzamiento, haciéndose con el control de todos los medios de comunicación, telégrafos y teléfonos, la requisa de gasolina, comida, armamento y municiones, y registros domiciliarios.
Detalle del certificado de defunción de Arturo García Alonso, alcalde de Bembibre en 1936. 
Hoja del cementerio de Ponferrada, con el asiento del enterramiento del alcalde de Bembibre, que aparece tachado.También les acusa de la detención de 25 personas "de significación nacional", de amenazarles -incluso con armas- y de interrogarlos haciéndoles "objeto de escarnio" y utilizando palabras «insultantes y groseras". Los «indefensos derechistas», como recoge el expediente, permanecieron detenidos todo el día hasta que «a eso de las tres de la madrugada» un disparo fortuito por «la impericia de un miliciano» provocó un gran pánico y todos salieron huyendo, pensando que ya llegaban las fuerzas nacionales.
En esa situación, Joaquina García ‘La Genara’, comenzó a gritar desde su casa, próxima a la prisión, "guardia roja, que se fugan los presos", atemorizando a los presos que no se atrevieron a seguir saltando. A pesar de ello, temiendo que de un momento a otro se presentasen las fuerzas nacionales, decidieron dejar en libertad a todos los detenidos, unas horas más tarde.
Dinamita desde Villaseca de Laciana
Esa no era la única denuncia. También eran ellos quienes se habrían hecho con dinamita de la cuenca minera del Sil para preparar bombas y botes de metralla, que después se utilizaron en Ponferrada para ayudar a «la bárbara columna de mineros que luchaba contra un puñado de hombres de la Guardia Civil que se defendían de sus ataques", según apunta el juez. Antolín Toribio y Antonio Díaz García se habían encargado de subir en un coche a Villablino junto a otras dos camionetas de la columna de mineros asturianos, "volviendo de aquel pueblo sin los mineros y trayendo de Villaseca 1.500 kilos de dinamita".
Tras ser restablecido el orden en Bembibre por las fuerzas del Ejército y la Benemérita el 22 de julio con la publicación del bando declaratorio del estado de guerra, los «elementos marxistas» volvieron a salir de sus escondites y bajaron de las montañas para «en medio de un gran griterío y pronunciando los rituales ‘Viva Rusia’ y U.H.P (Uníos, hermanos proletarios) se adueñan nuevamente de la población». Se incautan de dinero de las entidades bancarias y diversos víveres, incluso reclamando una serie de mercancías en la estación de ferrocarril que incluyen 91 kilos de conservas, 78 kilos de queso, un fardo de bacalao, tres bidones de aceite, una caja de pastas de 55 kilos y chorizos, entre otros alimentos.
El control "rebelde" se mantiene hasta el 27 de julio, cuando ya es "liberada definitivamente" con el regreso del Ejército y la Guardia Civil y los republicanos se ven obligados a huir. "Llevándose el sello del Ayuntamiento y toda la documentación comprometedora que existía en el Consistorio y en los partidos y organismos del Frente Popular, así como varios coches y explosivos hacia Torre, donde algunos de los huidos, como Antolín Toribio, ayudó a los de aquel pueblo a organizar la resistencia", recogen los documentos.
La defensa no logró evitar la condena a muerte para estos 20 defensores de la República, señalando al entonces alcalde de Bembibre, Arturo García Alonso, como máximo responsable de los hechos ocurridos en Bembibre durante los días siguientes al levantamiento. Una condena que cumplieron hace 82 años, el 5 de mayo d 1937. Eran las cinco de la madrugada, eran sus últimos instantes de vida.