Los 16 empleados despedidos de la planta embotelladora de agua de la localidad berciana de La Ribera de Folgoso se han manifestado este lunes en las inmediaciones de la fábrica como protesta por el cierre “sin previo aviso” de la industria y el “despido improcedente” de toda la plantilla. "Nos han dado de baja de la Seguridad Social el pasado 8 de noviembre y tenemos tres nóminas pendientes", señala Mari Carmen González, representante de los trabajadores. "Nos encontramos a la espera de que el juez desbloquee la cuenta y venga un administrador sustituto para continuar con la actividad", apuntan.
Los empleados alertan de la “importante repercusión” de este cierre en la economía del Bierzo Alto y reclaman soluciones a las administraciones para mantener la actividad en la fábrica. "Pedimos a las administraciones que se movilicen porque somos 16 familias y no tenemos ninguna solución". Asimismo, los trabajadores de la fábrica piden que está abierta "porque es viable y tenemos buena producción y buenos clientes", matiza González.
Hasta el momento, día tras día los trabajadores seguirán reuniéndose en las inmediaciones de la fábrica "por si alguien viene por aquí". Al respecto, el alcalde de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega, desea que llegue una solución para "la industria referencia de la zona", aunque es consciente que "las cosas están complicas porque es un tema judicial".
Cabe recordar que el administrador único del fondo de inversión propietario de la embotelladora, Jaime Carlos Bagur, está relacionado con el escándalo de los centros odontológicos iDental, que se investiga dentro de la operación Apolonia. El procedimiento judicial seguido en la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de iDental supuso el pasado 11 de octubre el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Bagur y de otros acusados, a los que se presume autores de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
La congelación de las cuentas bancarias de los implicados por orden judicial hace imposible desde entonces tanto el pago de nóminas como los distintos pagos a proveedores, una situación que provoca que los empleados acumulen el impago de sus salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Al respecto, González alertó de la “importante repercusión en la industria y economía de la zona” que tendría el cierre definitivo de la planta y pidió la implicación de la ciudadanía de los pueblos aledaños en la movilización de mañana.
