Los hosteleros salieron de la cita con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea con una noticia "todo lo contrario" a la esperada. "Ni se les pasa por la cabeza abrir", comunican los representantes de Hostelería. La Junta, lamentan, habría avisado este lunes a los representantes de los hosteleros de la Comunidad que no contaran con abrir sus establecimientos el puente de diciembre -del 4 al 8 de diciembre-.
Sin embargo, una hora después, el vicepresidente matizaba para los Medios que el Gobierno regional sí prevé levantar a partir del día 3 de diciembre las restricciones adicionales que se tomaron el 6 de noviembre, aunque reseña que los pasos dependerán de la evolución epidemiológica. “Cuando descendamos por debajo de los 400 casos por debajo de los 100.000 habitantes se retirarán esas restricciones”, dijo, tras mantener un encuentro con responsables de los sectores hostelero, grandes superficies comerciales y centros deportivos.
Explicó que hay provincias que pronto entrarán ya en niveles de alerta inferiores a la 4 actual, lo que “permitirá reiniciar la actividad en gran parte de estos sectores”. Igea explicó que la Junta ha escuchado también su solicitud de ayudas directas, para el que ambas partes se han emplazado a abrir un proceso de diálogo “urgente” para establecer un plan de ayudas directas en el que participen todas las administraciones, en la proporción de gasto público que maneja cada una: 50 por ciento la Central, 35 la Comunidad y 15 las locales. “Nos remitirán una propuesta para iniciar ese estudio de ayudas directas”, avanzó Igea, quien reiteró que la actividad “se retomará de forma progresiva de acuerdo con las decisiones pactadas” en el Consejo Interterritorial de Salud.
Con respecto al puente de diciembre, el vicepresidente de la Junta se mostró a la espera de tomar una decisión “conjunta” en España, pues reconoció que otras comunidades autónomas “han tomado decisiones que hacen prever que lo más probable es que se mantenga el cierre perimetral”.
Además del encuentro con los hosteleros, responsables del Gobierno autonómico se reunieron con representantes de grandes superficies comerciales y federaciones y organizaciones deportivas de Castilla y León. Por este motivo, además de Igea, estuvieron presentes los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la de Empleo e Industria, Carlota Amigo, además del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega.
En este sentido, fuentes de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León se mostraron “de ningún modo satisfechos” a pesar de abordarse las medidas a tomar con intención de reabrir el sector el próximo día 4 de diciembre, una vez finalice el periodo de cierre actual. “No se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo. En el momento actual no hay fecha de apertura definida, pues está estará supeditada a la mejoría de la cifra de contagios”, explicó la patronal.
Sobre las ayudas, los hosteleros señalaron que Igea se ha comprometido a estudiar las ayudas para los alquileres y para las hipotecas relativas a los negocios de hostelería. En este sentido, la Confederación Regional “se pone a trabajar de manera inmediata” para realizar entre las nueve provincias un estudio pormenorizado de las necesidades y reivindicaciones del sector, que en estos momentos “se encuentra en una situación límite y que, después del encuentro mantenido, alberga pocas esperanzas de solución”.
Por último, admitió que la Junta “ha entendido las reivindicaciones de la hostelería”, aunque “no tomará decisiones de apertura hasta que no exista un escenario más positivo en base a la bajada de los niveles de contagio”.
Sin bajar de 400 no se abre
Por último, el director del CDO Covaresa, Francisco de la Fuente, aseguró que la reflexión es que si la incidencia no baja de 400 casos por cada 100.000 habitantes antes del 3 de diciembre “no nos dejarán abrir”. “Lo sentimos porque tenemos unas medidas de seguridad muy avanzadas en el sector y Madrid, por ejemplo, sin cerrar centros deportivos y hostelería, han mejorado mucho los datos”, comentó De la Fuente, quien lamentó que con estas decisiones “se criminalice a estos sectores cuando los usuarios iban muy seguros”.
