La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PP valenciano y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en 'B'.
El berciano Blanco Balín ha sido considerado desde el inicio de la investigación como uno de los nombres claves de la trama, señalado por su gran cercanía al expresidente del Gobierno José María Aznar. Merced a su esa posición llegó a ser vicepresidente del gigante petrolero Repsol bajo los primeros gobiernos populares aunque luego volvió a su profesión de abogado, pasando a ocuparse de los asuntos de Francisco Correa en el año 2005, tal y como él contó en sede judicial.
El empresario de orígenes bercianos se enfrenta a una pena de 8 años y 6 meses de prisión en la pieza separada de las irregularidades de la trama en Boadilla del Monte; también está imputado en la pieza separada de la visita del Papa a Valencia en 2006 por la que se le piden 18 años de cárcel por la Fiscalía y que se juzgará próximamente.
Blanco Balín está inmerso, además de este juicio, imputado en otras piezas separadas del caso Gürtel, como la visita del Papa a Valencia en la que le piden 8 años y 7 mess de prisión, o las irregularidades en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en la que la Fiscalía solicita 18 años de cárcel, ambas pendientes de juicio.
Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.