La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, y el teniente de alcalde, Sigifredo Benavides, defendieron este martes su ausencia en el Pleno monográfico convocado por la oposición para aprobar una ayuda a Embutidos Santa Cruz de Montes y advirtieron de que, si el Ayuntamiento la tramita en los términos planteados, podría estar “aprobando un acuerdo ilegal”. La regidora sostuvo que el equipo de gobierno decidió no asistir porque, de hacerlo, “estaríamos aprobando un acuerdo ilegal o en fraude de ley, con la responsabilidad jurídica que ello podría conllevar”.
El Pleno extraordinario se celebró el lunes 15 de diciembre, con un único punto en el orden del día y sin la presencia de los concejales del equipo de gobierno (PSOE y UPL). La sesión pudo constituirse con el quórum mínimo y quedó presidida por el edil de mayor edad entre los presentes. En ese Pleno, la oposición aprobó una ayuda de 175.000 euros para la reconstrucción de la nave y la reanudación de la actividad, con financiación prevista en dos anualidades: 70% en 2026 y 30% en 2027.
Cao argumentó que el fondo del conflicto no es la voluntad de ayudar a la empresa,“no queremos ser cómplices de nada que contravenga la ley”, dijo, sino la forma de articular esa ayuda tras el incendio que destruyó la nave de la compañía, ocurrido el 7 de julio de 2023, en el polígono industrial de San Román de Bembibre.
Según explicó la alcaldesa, en 2023 se aprobó un acuerdo que vinculaba la ayuda a la empresa al pago de tasas e impuestos municipales derivados de la demolición y reconstrucción. Ese planteamiento, defendió, lo frenó la Intervención por razones de legalidad. En su exposición, citó una “sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014” y afirmó que “ese abono es ilegal” al entender que se trataría de una subvención que encubre una exención de impuestos, algo incompatible con la normativa de haciendas locales.
El argumento del “fraude de ley”
Benavides reforzó ese argumento y fue explícito al señalar que “exonerar a alguien de impuestos es ilegal”. A su juicio, cualquier intento de cambiar el “nombre” o el “concepto” de la ayuda para sortear ese obstáculo mantendría intacta la finalidad original: compensar tributos. Por eso, sostuvo que se incurriría en “fraude de ley, porque de todas se sabía cuál era la finalidad de esa subvención y lo que estaba encubriendo”.
En esa línea, el teniente de alcalde defendió que el gobierno municipal no quiso acudir al Pleno monográfico para evitar entrar “en su juego político” y reiteró que el equipo de gobierno no avalará acuerdos que, a su entender, chocan con el criterio técnico. “No queremos entrar en su juego político”, afirmó.
Petición de informe a la Junta
Como siguiente paso, la alcaldesa anunció que el expediente se remitirá “a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Hacienda” para que el órgano competente determine si el pago “procede o no”.
Cao y Benavides insistieron en que su posición no es de rechazo a la empresa. De hecho, recordaron medidas previas como la cesión de instalaciones públicas: “matadero municipal para que pudieran desarrollar en él su actividad”.
Con el acuerdo ya aprobado por la oposición, el foco se traslada ahora a su tramitación efectiva y al criterio jurídico que adopten los órganos de control. El gobierno local, por su parte, mantiene que no asumirá ni votará un acuerdo si entiende que la institución se expone a una vulneración de la legalidad. El equipo de Gobierno, concluyó la alcaldesa, “no está dispuesto a votar ilegalidades”.
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