El Ayuntamiento de Ponferrada denunció este martes la “sangrante situación” que se encontraron en el área de Bienestar Social cuando accedieron al gobierno en junio. El área contaba con más de 216 expedientes de dependencia sin valorar, casi 150 fuera de plazo y con retrasos de hasta cuatro meses, según explicó la concejala Alexandra Rivas.
“Nos encontramos un caos total en toda la concejalía. Ahora mismo, a fecha actual, lo hemos reducido y hay pendientes de expediente solo 40, de los cuales fuera de plazo hay cuatro”, dijo Rivas, quien recordó que estos informes son necesarios para poder acceder a subvenciones o servicios de ayuda a domicilio. “Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de nuestras trabajadoras sociales”, agradeció.
Rivas también explicó que se están solucionando otros problemas. En diciembre se adquirirán dos vehículos para este área y el próximo año otros dos. También se ha creado una bolsa de empleo para facilitar la cobertura de bajas. Y además se trabaja para poder sacar a concurso, a partir de enero, diez plazas de trabajadores, ya que una decena de contratos vencen el 31 de diciembre.
El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, lamentó la falta de trabajo del anterior gobierno socialista. “Hay que pasar de las palabras a los hechos. Trabajamos para dar y dotar de realidades a los ponferradinos y no dar y dotar de fotos a las redes sociales”. El regidor insistió en que ésta es un área muy sensible y recordó que la propia Juta de Castilla y León “nos sacó los colores” por el enorme retraso en estos expedientes. “En este caso la sensibilidad es urgencia”, aseveró. Y denunció la “apatía” del PSOE durante el anterior mandato. “No vamos a permitir que esta situación se repita. La dependencia necesita políticos que se preocupen de las personas, las familias y las necesidades reales”.
El primer edil también agradeció la sensibilidad del Gobierno Autonómico, que ha incrementado en 358.000 euros la aportación económica para atender los servicios sociales en Ponferrada este año. “Ha sido un acuerdo del Consejo de Gobierno. Pasamos de 2,6 millones a 2,9”. Con este dinero se pagarán los gastos originados por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y a consolidar el personal que presta servicio en los centros de acción social.
También se incorporan dos nuevas líneas en materia de igualdad. La primera para la promoción de igualdad entre mujeres y hombres y otra para sufragar al personal técnico de igualdad.
