La anticipada conclusión de la XI legislatura en Castilla y León marca el final de un ciclo parlamentario que, iniciado también con un adelanto electoral, se cierra con varias iniciativas legislativas inconclusas. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para marzo implican que diversos proyectos de ley y un decreto ley queden pendientes hasta la constitución del nuevo parlamento en primavera.
Con la firma del decreto de convocatoria electoral por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consiguiente disolución de las Cortes, se interrumpirá la tramitación de dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo autonómico, así como siete proposiciones de ley presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Este escenario legislativo inconcluso plantea interrogantes sobre el futuro de estas propuestas y su posible impacto en la región.
Proyectos de ley del ejecutivo autonómico
Entre las iniciativas que no llegarán a término se encuentran dos leyes promovidas por la Junta: la ley de coordinación de policías locales de Castilla y León, cuyo plazo de enmiendas finalizó el 10 de septiembre, y la ley de ordenación de servicios de prevención y extinción de incendios en entidades locales, que estuvo abierta a enmiendas hasta el 27 de junio. Ambas propuestas, ahora archivadas, buscaban modernizar y optimizar aspectos clave de la administración y los servicios públicos en la comunidad.
Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios
Asimismo, siete proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios también se verán afectadas. Destaca la propuesta de ley de agentes medioambientales de UPL-Soria Ya, que, a pesar de la oposición inicial de la Junta, había logrado avanzar en su tramitación. Esta iniciativa, que incluso fue objeto de debate durante la primera quincena de enero, no podrá ser finalmente aprobada.
Otras seis iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios también quedarán sin completar su recorrido legislativo, a pesar de haber estado en tramitación durante varios años. Entre ellas, se encuentran dos textos presentados por PP y Vox, cuando aún formaban parte del mismo gobierno, relativos al Servicio Público de Empleo y a la modificación de la ley del ruido. Los plazos de enmiendas para estas propuestas vencieron en diciembre de 2024 y junio de 2025, respectivamente.
También se verá interrumpida la tramitación de la proposición de ley de Soria YA para dotar a Castilla y León de una ley de medidas contra la despoblación, una norma que recibió enmiendas hasta el 15 de mayo de este año, pero que no llegó a ser calificada ni debatida en ponencia y comisión.
El PSOE, principal grupo de la oposición, verá cómo dos de sus propuestas de ley quedan paralizadas con el fin de la legislatura. Se trata de la ley referida a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, una norma que ya había sido debatida en la novena legislatura durante el mandato de Juan Vicente Herrera. Tras su toma en consideración, se presentaron enmiendas hasta el pasado mes de octubre, sin que se haya producido ningún avance adicional.
De igual modo, las Cortes no podrán aplicar los cambios técnicos en la ley agraria de Castilla y León, propuestos por el Grupo Socialista, ni tramitarán la iniciativa de Vox de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de la Comunidad, que recibió enmiendas hasta el pasado 19 de diciembre.
Decreto-ley pendiente de convalidación
Fuentes parlamentarias han señalado que la Diputación Permanente será la encargada de convalidar el decreto-ley aprobado a finales de diciembre para aplicar el incremento en las retribuciones de 2025 y 2026 de los empleados públicos. Este trámite debe llevarse a cabo en los 30 días siguientes a su promulgación para evitar su caducidad. Además, es importante recordar que este decreto supone la extensión a la Comunidad de una cuestión de normativa básica del Estado.
Actividad legislativa en la legislatura
Durante esta legislatura, marcada por la ruptura del pacto entre PP y Vox, se ha observado una notable actividad legislativa por parte de los diferentes grupos parlamentarios. En total, se han tramitado siete decretos-ley a instancias de la Junta, así como ocho proposiciones de ley, incluyendo una de la oposición sobre publicidad institucional, seis conjuntas de PP y Vox, y una de los 'populares' para el blindaje de los servicios públicos esenciales.
En comparación, la décima legislatura, que se extendió desde junio de 2019 hasta diciembre de 2021, aprobó 23 iniciativas legislativas, incluyendo 14 decretos-ley relacionados con la gestión y las medidas de respuesta a la pandemia del COVID, y nueve leyes. Por su parte, la novena legislatura, la última que duró cuatro años completos, dio luz verde a 44 textos, incluyendo 35 leyes y siete decretos-ley.
Las proposiciones compartidas por PP y Vox, fruto de su acuerdo de coalición en Castilla y León, introdujeron cambios en la designación de senadores por la Comunidad y recogieron la bonificación de tasas veterinarias, modificaciones en la gestión de la sanidad animal, medidas para la provisión de plazas sanitarias de difícil cobertura y el proyecto de ley de Medidas para 2023, tras no aprobarse por un error en la votación el proyecto de ley de la Junta.
Finalmente, las Cortes aprobaron otras ocho leyes, entre ellas los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2023 y 2024 y la ley de Medidas de ese último ejercicio, así como la rebaja tributaria del inicio de la legislatura, que se aprobó en 2022. En 2024, se aprobaron cuatro normas sobre el juego y las apuestas, de apoyo a las personas con discapacidad, sobre el modelo residencial y el patrimonio cultural, estas dos últimas recuperadas tras no ser aprobadas en la X legislatura.
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