El Ayuntamiento de Ponferrada ha celebrado este viernes, 27 de marzo, el pleno ordinario correspondiente al presente mes. En él, el consistorio validó la resolución referente a las alegaciones presentadas por FCC, empresa encargada del servicio de limpieza viaria en la ciudad. Esta decisión surge luego de analizar la deuda generada al término del contrato previo y los costes derivados de las movilizaciones laborales ocurridas en 2016 y 2017. Una resolución que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Coalición por El Bierzo con las abstenciones de PSOE y VOX.
La controversia entre el consistorio y FCC gira en torno a una diferencia sustancial en la cuantía reclamada: mientras la compañía exigía aproximadamente 7,6 millones de euros, la administración local ha establecido un monto final cercano a 1,17 millones. La concejala responsable del área, Lidia Coca, explicó que este ajuste responde a una "revisión detallada donde se constató que las liquidaciones anuales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 ya estaban cubiertas en un porcentaje aproximado del 80%".
Durante el debate, desde el PSOE se cuestionó esta reducción argumentando que existía un informe previo —que según su portavoz Olegario Ramón— contemplaba una cifra próxima a los siete millones. El grupo socialista solicitó posponer la aprobación para alcanzar un acuerdo técnico consensuado acerca del importe real adeudado e incluso propuso un pago fraccionado antes de recurrir a vías judiciales si la suma se acercaba al valor reclamado inicialmente.
No obstante, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, desestimó dicha petición señalando que el asunto ya está siendo gestionado judicialmente y que no era oportuno reabrir discusiones sobre acuerdos anteriores. Además recordó que el PSOE apoyó en su momento la resolución para poner fin a las huelgas del servicio de limpieza en 2017 —circunstancia vinculada directamente con esta situación financiera actual.
Coalición por El Bierzo (CB) también intervino criticando el clima tenso generado durante la sesión y negó cualquier ocultación documental. Según CB, el problema radica principalmente en las condiciones contractuales iniciales que establecían parámetros basados en horas trabajadas más que en detalles específicos sobre los empleados implicados. Por su parte Ramón coincidió con esta apreciación pero puntualizó que las discrepancias económicas tienen origen durante la gestión sindical bajo el mandato anterior de Gloria Fernández Merayo.
En el turno abierto para ruegos y preguntas, representantes socialistas plantearon varias inquietudes municipales como modificaciones normativas relativas a tasas del mercado local o regulaciones para vehículos de movilidad personal. Asimismo solicitaron avances inmediatos para concluir viviendas destinadas a jóvenes y prórrogas necesarias para mantener ayudas económicas superiores al millón de euros. También urgieron agilizar pagos dirigidos a asociaciones vecinales, activar aparcabicis públicos e intervenir reparaciones pendientes en terrazas gastronómicas.
Finalmente hubo intercambio directo entre PSOE y alcalde; mientras los primeros acusaban manipulación e inexactitudes en actas plenarias, Morala defendió rigurosamente su veracidad. Por otro lado Vox consultó acerca del futuro sistema ORA para estacionamiento dentro del municipio ponferradino.
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