El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, declaró este jueves que el gobierno regional no tiene la facultad de detener la demolición de las dos chimeneas restantes de la antigua central térmica de Compostilla II, ubicada en Cubillos del Sil. Esta demolición está programada por Endesa para el 12 de febrero. Las declaraciones surgen tras la denuncia presentada por la asociación Bierzo Ya, que exige un informe técnico del Ejecutivo que certifique que el derribo no implicará riesgos para la salud pública.
Argumentos de la Junta sobre la demolición
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo enfatizó que la paralización de la demolición excede las competencias autonómicas, dado que las chimeneas no están catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC). Por lo tanto, la protección normativa, que es “muy rigurosa y muy estricta”, no se aplica en este caso, ya que está reservada para el patrimonio histórico nacional.
El consejero portavoz también señaló que, al tratarse de un bien de “titularidad privada”, la Junta no puede intervenir para impedir la demolición de las estructuras. Además, recordó que la torre más alta e importante de la central térmica fue demolida en el pasado sin que la administración regional pudiera detener el proceso iniciado por la empresa.
Postura de la Junta ante el cierre de térmicas
Fernández Carriedo aclaró que la posición de la Junta respecto al cierre de las centrales térmicas y sus consecuencias en la actividad económica y el empleo “no ha cambiado” y se mantiene “como siempre”. Sin embargo, evitó reiterar su postura explícitamente, dada la proximidad de las elecciones autonómicas, convocadas para el 15 de marzo. En cualquier caso, insistió en que estos temas no deben ser utilizados como un “instrumento” para forzar la elaboración de un informe “vinculante” que se oponga a la demolición.
Implicaciones y contexto de la decisión
La decisión de no intervenir en la demolición de las chimeneas de Compostilla II subraya la tensión entre la protección del patrimonio industrial y las decisiones empresariales sobre propiedades privadas. La falta de catalogación como BIC es el argumento central esgrimido por la Junta para justificar su no intervención, a pesar de las preocupaciones expresadas por asociaciones locales sobre los posibles impactos en la salud y el medio ambiente.
- Argumento Principal: La no catalogación de las chimeneas como BIC impide la intervención autonómica.
- Preocupación Ciudadana: Asociaciones locales temen impactos negativos en la salud pública.
- Contexto Político: La proximidad de las elecciones autonómicas añade complejidad a la situación.
La controversia en torno a la demolición de las chimeneas de Compostilla II pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre la conservación del patrimonio industrial y su valor para la memoria colectiva, así como la importancia de evaluar los impactos ambientales y sociales de este tipo de decisiones.
La Junta de Castilla y León, aunque muestra su rechazo al cierre de la central, se ve limitada por la legislación vigente en cuanto a la protección del patrimonio, lo que impide una acción directa para preservar las estructuras de la antigua central térmica.
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