El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una solicitud formal para que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste a una fiscalización de carácter urgente, exhaustivo e independiente sobre la gestión contractual y la ejecución del gasto de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). Esta entidad, crucial para la transición energética, se encuentra adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, operando bajo la supervisión del Instituto para la Transición Justa.
La iniciativa, liderada por las representantes leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, busca que el Tribunal de Cuentas "examine en profundidad todos los acuerdos y desembolsos efectuados por Ciuden" en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, con la posibilidad de extenderse a 2026. Esta medida surge ante la creciente preocupación por una "acumulación de dudas, irregularidades bajo sospecha e indicios que apuntan a una gestión profundamente cuestionable de fondos públicos" en una institución de vital importancia para la comarca del Bierzo.
Desde el Partido Popular, se enfatiza que, frente a las múltiples interrogantes sobre la contratación en una fundación de carácter público, "cuando se multiplican las dudas sobre la contratación en una fundación pública, no caben excusas: toca fiscalizar hasta el último euro". Las parlamentarias han sido claras al afirmar que "lo que exigimos es transparencia, control y garantías para los leoneses", subrayando la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa.
Para la formación política, las explicaciones improvisadas o los desmentidos interesados ya no son suficientes. La existencia de cientos de contratos menores bajo sospecha, la posible evidencia de fraccionamiento contractual, las incertidumbres sobre los pagos, la concentración de adjudicaciones en pocos proveedores y expedientes que generan serios interrogantes sobre los criterios de valoración, demandan una acción concreta. En lugar de la propaganda política, el PP aboga por un control efectivo, una transparencia total y una fiscalización externa que disipe cualquier sombra de duda.
Detalles de la fiscalización solicitada
La petición formal presentada en el Congreso exige una revisión exhaustiva de diversos aspectos de la contratación de Ciuden. Entre los puntos clave a examinar se encuentran:
- Los contratos menores: se pide analizar su motivación, la posible alteración de su objeto, la reiteración de adjudicaciones a los mismos proveedores, la agregación por proveedor y por concepto, así como la correcta ejecución y el pago de estos.
- Los procedimientos ordinarios de contratación: se solicita un análisis del diseño de los pliegos, los juicios de valor aplicados, los umbrales técnicos que pudieron resultar excluyentes y la trazabilidad de las valoraciones.
- Un contrato específico: se pone el foco en la licitación de mayo de 2025, valorada en 471.900 euros, que fue finalmente adjudicada a Base Sistemas y Suministros S.A. por 458.590 euros. Este caso es de particular interés porque cuatro de las cinco ofertas presentadas fueron excluidas antes incluso de la apertura de la propuesta económica.
Control sobre los circuitos de pago y responsabilidades
Adicionalmente, el Partido Popular demanda una fiscalización rigurosa de los circuitos de pago, la documentación justificativa asociada, los asientos contables correspondientes y, si fuera el caso, la utilización de mecanismos como la caja fija, los anticipos o los pagos a justificar. La iniciativa incluye una advertencia explícita: si de esta fiscalización se desprendieran indicios de responsabilidad contable por un posible daño a los caudales públicos, el Tribunal de Cuentas deberá actuar con toda la contundencia que sus competencias le permiten.
Las diputadas leonesas han insistido en que "Ciuden debe estar al servicio de las comarcas mineras, de su transición justa, no bajo la sombra de adjudicaciones discutibles y pagos cuestionados". Para Ester Muñoz y Silvia Franco, la postura defensiva del Gobierno ante estas acusaciones es insostenible, especialmente cuando las dudas se ciernen sobre una fundación pública que debería ser un modelo de integridad, rigor y buena gestión. Lo que está en juego, según afirman, trasciende la mera corrección de expedientes administrativos; se trata de la confianza ciudadana en que los recursos públicos se administran con decencia, controles efectivos y un respeto absoluto por la legalidad vigente.
Finalmente, las parlamentarias del PP han lanzado un claro mensaje al Ejecutivo: "El Gobierno tiene que decidir si está del lado de la transparencia o del encubrimiento político". Han aclarado que "esta iniciativa no busca sustituir el trabajo judicial ni anticipar conclusiones, sino garantizar una comprobación externa, objetiva e independiente sobre el uso de dinero público en una fundación dependiente del Gobierno de España", reafirmando el compromiso del partido con la supervisión de la gestión pública.
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