El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Ponferrada a iniciar con urgencia el procedimiento para modificar la Ordenanza Fiscal relativa a la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, específicamente en lo que respecta al cálculo de esta tasa para los puestos eventuales instalados en el mercadillo municipal.
Esta recomendación responde a una queja presentada por el Grupo Municipal Socialista tras constatar un "incumplimiento prolongado" del acuerdo adoptado por el Pleno municipal en junio de 2025. Dicho acuerdo aprobó sustituir la unidad de medida empleada para calcular dicha tasa, pasando del metro cuadrado (m²) al metro lineal (ml), en coherencia con una práctica aplicada desde el año 2002 y con base en principios jurídicos como la seguridad jurídica.
Sin embargo, según señala el Procurador del Común, han transcurrido más de ocho meses sin que se haya iniciado ninguna actuación efectiva para dar cumplimiento a este mandato. Esta inactividad afecta directamente tanto a los vendedores ambulantes como a los grupos políticos interesados, generando incertidumbre jurídica y vulnerando principios fundamentales como la transparencia, eficacia y legalidad.
El informe subraya que el alcalde tiene una obligación legal expresa —establecida en el artículo 21.1.r) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y desarrollada por el Reglamento Orgánico local— de ejecutar los acuerdos plenarios sin margen para valorar su oportunidad o conveniencia. "La paralización indefinida del expediente supone un incumplimiento grave que desvirtúa las competencias del Pleno y deja sin efecto práctico decisiones adoptadas democráticamente."
Asimismo, se destaca una anomalía jurídica derivada de mantener vigente una ordenanza cuyo texto establece como unidad métrica el metro cuadrado mientras que desde hace más de dos décadas se aplica en las liquidaciones prácticas el metro lineal. Esta discrepancia compromete la regularidad tributaria y genera inseguridad entre los comerciantes afectados.
Ante esta situación, el Procurador recomienda encarecidamente que se proceda «a la mayor brevedad posible» a impulsar todo lo necesario para reactivar formalmente el expediente: encargando informes técnicos y jurídicos previos y presentando ante el Pleno la propuesta provisional modificatoria durante el primer periodo ordinario disponible.
Desde el Grupo Municipal Socialista han valorado positivamente esta resolución que respalda su postura inicial e insisten en que no se trata solo de un asunto político sino de respetar estrictamente las normas legales y garantizar un funcionamiento democrático adecuado. También advierten sobre posibles acciones legales si no se atiende esta recomendación dentro del plazo establecido.
En definitiva, esta resolución pone énfasis en asegurar claridad normativa para decenas de comerciantes ambulantes cuya actividad depende directamente del mercadillo tradicional y quienes merecen conocer con precisión qué tasas les son aplicables conforme a derecho.
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