El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha acusado al equipo de Gobierno de Marco Morala de incumplir buena parte de los compromisos adquiridos al inicio del mandato y de mantener en una situación de “precariedad” algunos de los principales servicios públicos de la ciudad.
El PSOE ha centrado sus críticas en la situación de los contratos de basura, limpieza viaria y transporte público. Según los socialistas, los tres servicios atraviesan actualmente diferentes situaciones de prórroga o continuidad, una circunstancia que, a su juicio, evidencia la “incapacidad para gestionar” del actual equipo de Gobierno.
Durante la rueda de prensa, los socialistas recordaron que el actual contrato de recogida de residuos finalizó el pasado 15 de agosto y que el Ayuntamiento ha optado por una orden de continuidad del servicio, fórmula que consideran que debe tener un carácter “absolutamente excepcional” y reclama que se proceda a la licitación del nuevo contrato.
También señalan la situación del transporte público, que se encuentra en orden de continuidad desde diciembre de 2025, y critican que el contrato de la ORA haya llegado al final de su prórroga sin que, según denunciaron, se haya producido el diálogo que el equipo de Gobierno había comprometido con los grupos municipales.
Críticas al "incumplimiento del acuerdo de Gobierno"
El PSOE vinculó además la situación de los servicios públicos al supuesto incumplimiento del acuerdo alcanzado para facilitar la aprobación del presupuesto municipal. Según los socialistas, únicamente se habrían ejecutado dos de las actuaciones comprometidas: el mirador de La Encina y el Museo de Arte Sacro.
Entre las actuaciones que, según denunciaron, permanecen pendientes citaron la inversión para sustituir las redes de fibrocemento, las viviendas sociales de Navaliegos, el Museo de la Cerámica, la solución al problema del cementerio de Fuentes Nuevas y la plaza de San Clemente.
Asimismo, el grupo socialista reprochó al equipo de Gobierno que no haya recurrido a una moción de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto, una posibilidad prevista por la legislación y que, según recordó, se ha utilizado en otros municipios españoles.
El contrato de basura, en el centro de la polémica
Una de las principales cuestiones abordadas fue el futuro contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. El PSOE defendió que, dado que el equipo de Gobierno ha optado por la gestión indirecta, ambos servicios deberían dividirse en lotes independientes.
Los socialistas consideran que esta separación permitiría proteger los intereses municipales y evitar que el Ayuntamiento quede en una posición de mayor debilidad frente a posibles reclamaciones de las empresas adjudicatarias o de los trabajadores.
Además, reclamaron al Gobierno municipal que aproveche 2027 para impulsar la licitación del contrato. El PSOE aseguró tener el “convencimiento” de que los pliegos del nuevo contrato ya están redactados, aunque reconoció que no ha tenido acceso a ellos. Según explicó, el grupo ha solicitado al concejal responsable que informe sobre el estado de los documentos.
Un plazo que finalizará en mayo de 2027
Los socialistas pusieron también el foco en el plazo fijado para resolver la situación del servicio de recogida de residuos. Según explicaron, la Intervención habría establecido un periodo de nueve meses que finalizaría el 15 de mayo de 2027, coincidiendo prácticamente con las elecciones municipales.
Ante esta situación, el PSOE cuestionó si el equipo de Gobierno resolverá el contrato antes de esa fecha o si, por el contrario, dejará el problema pendiente para la siguiente corporación.
“¿Va a asumir un problema que tiene sobre la mesa y va a solucionarlo, va a licitar y adjudicar, o patada hacia adelante y ya lo solucionará el que venga detrás?”, plantearó el portavoz, Olegario Ramón.
Finalmente, el PSOE volvió a responsabilizar directamente al alcalde, Marco Morala, de la situación municipal y reclamó al equipo de Gobierno que avance en la gestión de los servicios públicos básicos. Para los socialistas, el resultado es una ciudad que, según su valoración, “vive permanentemente en la prórroga” y que se encuentra en una situación de “precariedad”.
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