Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha expresado su rechazo ante la decisión de la Junta de Castilla y León de destinar una considerable cantidad de dinero público para promover lo que califican como una identidad autonómica "artificial e inexistente" a través de los conciertos programados para el 23 de abril.
Esta crítica cobra mayor relevancia tras conocerse que, desde enero, la Fiscalía Provincial de León está investigando posibles delitos relacionados con la contratación de los conciertos previstos para 2025. La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, recordó que su partido presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), al sospechar irregularidades como prevaricación, malversación o cohecho en dicho proceso.
Gallego acusó a la Junta de repetir estrategias similares a pesar del contexto electoral: "Esperan a que pasen las elecciones autonómicas para anunciar doce conciertos con el fin de seguir ahondando en una identidad que solo genera un despilfarro económico", señaló.
Asimismo, destacó que las Cortes regionales ya aprobaron una Proposición No de Ley (PNL), respaldada por todas las fuerzas salvo el PP (que votó en contra) y VOX (que se abstuvo), exigiendo que no se asignara financiación pública a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Sin embargo, según UPL, la Junta hace caso omiso a este mandato legislativo y continúa apoyando este "chiringuito" con un presupuesto anual aproximado de 1,3 millones de euros.
En cuanto a los artistas seleccionados para estos eventos, Gallego cuestionó cómo podrían representar verdaderamente los valores e identidad defendidos por la Junta: "Se trata de dinero público que debería invertirse en mejorar servicios básicos en lugar de financiar celebraciones sin sentido", afirmó.
La líder leonesista también advirtió sobre posibles abusos económicos detectados durante los conciertos realizados en 2025. Subrayó la necesidad de mantener vigilancia rigurosa para evitar contratos con cachets inflados injustificadamente. Por ejemplo, destacó casos como el del artista Juan Magán, cuyo concierto en León costó 177.240 euros frente a los 75.000 euros cobrados por una actuación similar en Gijón meses antes.
También mencionó otras discrepancias significativas: Camela cobró más en Ponferrada (102.564 euros) respecto a Salamanca (65.582 euros) y Rulo y La Contrabanda tuvo un contrato mucho más elevado en Zamora (101.924 euros) comparado con Málaga (26.675 euros).
Para UPL, esta situación representa un despilfarro persistente promovido desde un ente cuya finalidad principal sería generar un sentimiento comunitario falso e inexistente entre los ciudadanos.
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