La votación volvió a dejar patente la división al respecto en el seno del Grupo Popular al abstenerse precisamente el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, mientras sus compañeros lo hacían a favor junto al portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, quien aclaró que su posición concordaba con su propuesta de iniciar un nuevo proceso. El resto de fuerzas políticas optaron por la abstención no sin dejar de acusar a la alcaldesa, la popular Gloria Fernández Merayo, de haber prolongado la solución al conflicto. El Grupo USE (Unidad Social de Electores) Bierzo, cuyos concejales gobernaban cuando se adjudicó el 'macrocontrato', no intervino en el debate y se abstuvo en la votación.
La regidora tomó la palabra tras los dos turnos de intervenciones primero para explicar que la renuncia al contrato, que debe pasar previamente por la solicitud de informes técnicos, jurídicos y económicos, está justificada entre otras cuestiones en la modificación de la Ley de Contratos, que ahora impide adjudicaciones más allá de cinco años más otro cinco prorrogables. Merayo también señaló que los informes habrán de ser emitidos antes en estos días para poder abordar de nuevo la cuestión en el Pleno del 29 de junio. "Pido a los servicios técnicos, jurídicos y económicos que los informes sean claros", había apuntado con anterioridad el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Miranda, para instar a los grupos políticos a "mojarse alguna vez" en las votaciones.
"No estamos a favor ni en contra de ninguna empresa, sino de este contrato", dice la alcaldesa
"No estamos a favor ni en contra de ninguna empresa. Estamos en contra de este contrato. Ni es bueno para Ponferrada, ni para los ciudadanos, para los trabajadores", declaró la alcaldesa después de que los grupos políticos coincidieran en hacer al PP responsable de haber alargado la solución dos años desde la sentencia judicial, lo que a su juicio ha derivado en déficits en la prestación del servicio. "Las consecuencias son que la ciudad está sucia, los vehículos de la empresa en un estado desastroso, sendos conflictos de la basura (en alusión a las dos huelgas de recogida) y los empleados en una absoluta incertidumbre", resumió el portavoz del PSOE, Olegario Ramón.
El socialista había comenzado su intervención planteando dos cuestiones de orden al advertir de que la redacción del punto (que proponía la adjudicación del contrato o la solicitud de informes sobre la viabilidad de la renuncia por razones de interés público) "adolece de indefinición por esa disyuntiva" y de la falta de un dictamen expreso de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado miércoles. "Se está intentando socializar la responsabilidad", añadió antes de acusar a la regidora de haber querido derivar la autoría de la redacción del punto "en una técnico municipal", en alusión a las palabras de Fernández Merayo en las que aseguró que el punto "se redactó así por expreso deseo de la señora secretaria".
La carga de reproches la había abierto ya al comienzo de la sesión el portavoz del PRB, el primero de los varios que aludieron a las multas coercitivas con el que los tribunales han apercibido a la regidora si se demoraba en la ejecución de la sentencia. "Parece ser que ahora le ha entrado la prisa. Cuando le aprieta el zapato, se da prisa", le espetó a la alcaldesa Carballo, que no es partidario de readjudicar el servicio a Urbaser (la empresa que demandó a FCC) al contarle en su propuesta "hasta nueve o diez fallos". "Al día siguiente FCC presentaría una demanda en el Juzgado y estamos en la misma situación", agregó para terminar pidiendo la convocatoria de un nuevo concurso y la adjudicación "a la empresa que cumpla mejor los objetivos" sin esconder que su preferencia pasa por la municipalización del servicio al entender que podría generar más empleo.
Tras denunciar la "ambigüedad" en la redacción del punto, el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, acusó a la regidora de "alargar en el tiempo una cuestión que debería estar solucionada" sin ahorrarse la autocrítica: "Quizás es que no estemos ninguno de los 25 a la altura de las circunstancias". Para Fernández, el contrato "nació viciado en 2014, con intereses poco claros por parte de mucha gente". Y ahora apremia a adoptar una solución para poder "prestar un servicio adecuadamente".
Pedro Muñoz: "El juez va a pensar que le estamos tomando el pelo"
"El juez va a pensar que le estamos tomando el pelo", indicó el portavoz de Coalición por El Bierzo y socio en el cogobierno, Pedro Muñoz, para admitir "no sabe exactamente" a qué punto se ha llegado en este proceso y para advertir a la alcaldesa: "Usted a partir de ahora va a tener un problema judicial y económico muy serio". "Lo primero -añadió- es que hay que cumplir la sentencia. Y luego los informes ya deberían pedirlos las empresas".
Muy crítica con la regidora fue también la portavoz accidental de Ciudadanos, Ruth Santín, que tomó la palabra ante la ausencia de Rosa Luna. "Nos trae otra vez a Pleno una manzana envenenada", espetó antes de asegurar que ya se le había planteado con anterioridad la renuncia por interés público "pero decidió de forma sorpresiva convocar la mesa de contratación". "Ha jugado al escondite con el único objeto de prolongar la adjudicación. Mientras usted espera, la ciudad sigue sucia. Y tenemos un servicio que no funciona y no puede seguir funcionando", concluyó.
La polémica del ‘macrocontrato’ se inició con la adjudicación del servicio por parte del gobierno de Samuel Folgueral a FCC por un plazo de 17 años más 3 prorrogables, a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos. Urbaser, la otra empresa que aspiró al servicio, presentó alegaciones al considerar que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista económico. El TSJ anuló finalmente el ‘macrocontrato’, instando al Ayuntamiento a solucionar el problema de este servicio, que se ha alargado durante más de dos años.