El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha expresado su “profunda preocupación” por los retrasos y atascos que ya se están produciendo tras la implantación de los tribunales de Instancia, un nuevo modelo organizativo derivado de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, y ha advertido del riesgo de colapso del sistema judicial.
La institución también ha puesto el foco en las desigualdades que genera la reciente comarcalización judicial en León y Valladolid, en vigor desde el pasado 1 de enero, que centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en las capitales provinciales y en Ponferrada. Esta reorganización obliga a muchas víctimas, especialmente del medio rural, a recorrer largas distancias para prestar declaración, una situación que, según la abogacía, genera una clara desigualdad en el acceso a la justicia.
“El nuevo modelo está provocando ya un atasco evidente y puede derivar en un colapso judicial”, ha advertido el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, quien subraya que la desaparición de los juzgados unipersonales y su sustitución por tribunales de Instancia -implantados de forma progresiva entre julio de 2025 y enero de 2026- exige una organización mucho más compleja, sin que se hayan dotado los medios necesarios.
Más carga de trabajo y desplazamientos forzosos
Una de las principales preocupaciones del colectivo es la asunción de nuevas competencias por parte de las secciones de Violencia sobre la Mujer, especialmente los delitos contra la libertad sexual. Esta ampliación competencial, unida a la comarcalización, hará que Ponferrada asuma todos los asuntos de violencia de género y sexual de la provincia de León, con el consiguiente incremento de carga de trabajo.
Para la abogacía, esta situación no solo tensiona el sistema judicial, sino que perjudica directamente a las víctimas, muchas de ellas residentes en zonas rurales, que se ven obligadas a desplazarse decenas de kilómetros. “Esto coloca a parte de la ciudadanía en una posición de inferioridad y apunta a una desaparición progresiva de los partidos judiciales rurales”, advierte Rodríguez Santocildes.
Ante este escenario, el CACYL defiende el refuerzo de las oficinas municipales de Justicia como puntos de atención de proximidad, dotándolas de medios tecnológicos y presencia profesional suficiente para evitar que la atención judicial dependa exclusivamente de la ubicación física del tribunal. En este ámbito, la abogacía reclama una mayor implicación de las diputaciones provinciales para garantizar su funcionamiento eficaz.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León también ha mostrado su disposición a colaborar en la detección de incidencias derivadas del nuevo modelo y en la búsqueda de soluciones, a través de su participación en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, encabezado por su presidenta Ana del Ser.
Entre las demandas del colectivo figura también la interoperabilidad de los sistemas judiciales entre comunidades autónomas, una cuestión clave para evitar desigualdades en la justicia digital. “Sin sistemas que se comuniquen entre sí, la digitalización ralentiza los procesos y perjudica a los ciudadanos”, ha señalado el presidente del CACYL.
A ello se suman reivindicaciones históricas como la pasarela al RETA para mutualistas, para garantizar una jubilación digna, y la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dignifique el trabajo del turno de oficio. En este punto, la abogacía denuncia la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), obligatorios desde abril de 2025, pero que se están realizando sin compensación económica.
Todas estas cuestiones serán abordadas en el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se celebrará en Zamora en mayo de 2026 y que, según el CACYL, marcará las líneas de actuación de la profesión en los próximos años.
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