La Audiencia Provincial de León acogerá a partir de este lunes 12 de enero el juicio contra las cuatro personas señaladas como presuntas responsables de los graves desperfectos causados en el complejo hostelero Cat&Rest, en Ponferrada, durante las manifestaciones de agosto de 2021.
Los hechos se produjeron en el contexto de las movilizaciones vinculadas al expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado entonces a la empresa LM, actualmente GE Vernova. La fiscalía solicita para cada uno de los acusados penas de hasta cuatro años de prisión, además de multas que podrían alcanzar los 9.000 euros, por su supuesta implicación en delitos de desórdenes públicos y daños materiales.
Los incidentes tuvieron lugar la noche del 10 de agosto de 2021, cuando un grupo de manifestantes lanzó piedras y objetos incendiarios contra el restaurante, que en ese momento acogía una reunión clave entre la dirección de la empresa en España y la representación social para negociar el ERE que afectaba a cerca de 400 trabajadores de la planta de palas eólicas de Santo Tomás de las Ollas.
El gerente del establecimiento denunció importantes daños tanto en el local como en varios vehículos particulares estacionados en las inmediaciones. Aunque el seguro cubrió los desperfectos del inmueble, el responsable del negocio tuvo que asumir personalmente unos 13.000 euros por las averías en los coches, una cantidad que, según ha explicado, todavía no ha podido recuperar.

Tras los altercados, los sindicatos con representación en la empresa se desmarcaron públicamente de los actos violentos. La negociación del ERE quedó bloqueada después de que la empresa rechazara las propuestas del comité laboral, lo que derivó en un aumento de la tensión social y nuevas protestas en la capital berciana.
Aquella noche, algunos manifestantes -entre ellos personas identificadas como ajenas a la plantilla- prendieron fuego a contenedores y bloquearon el tráfico en la avenida de Portugal, frente al restaurante. La situación obligó a la intervención de la policía antidisturbios para permitir la salida segura de los directivos que se encontraban en el interior del local.

En relación con los acusados, inicialmente se indicó que todos eran trabajadores afectados por el ERE, si bien posteriormente se precisó que no todos pertenecían a la plantilla. Entre ellos figura un representante sindical, al que se atribuye un papel activo en la incitación de las protestas y en la supuesta emisión de amenazas dirigidas a la dirección empresarial.
Este procedimiento judicial ya había sido señalado para el pasado 6 de mayo, pero tuvo que aplazarse por problemas de disponibilidad legal de uno de los abogados defensores. Las vistas se celebrarán desde este lunes hasta el miércoles, ambos inclusive, en Ponferrada.
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