El edificio de 20 pisos promovido por la Junta en la calle Andrés Viloria cuenta con una inversión de 2,47 millones de euros y un plazo de ejecución de casi 23 meses, mientras que el PSOE alertó del riesgo de perder un millón de euros de fondos estatales por los retrasos | La Rosaleda suma otro proyecto de 80 viviendas públicas, pendiente de desarrollo y marcado por la polémica sobre los requisitos de acceso.
Ponferrada continúa con el reto de ampliar su oferta de vivienda pública y facilitar el acceso de los jóvenes a un alquiler asequible. Una de las principales actuaciones en marcha es la construcción de 20 viviendas colaborativas en la calle Andrés Viloria, una promoción impulsada por la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dentro del Programa Tuya.
El proyecto contempla la construcción de un edificio con 20 apartamentos de hasta 60 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos dormitorios, dos baños, salón-comedor con cocina integrada y terraza privada. La promoción incorpora, además, espacios comunes destinados al coworking, lavandería y zonas de descanso, con un modelo residencial que busca combinar la independencia de los inquilinos con servicios compartidos.
La actuación dispone de un presupuesto de 2.472.309,39 euros y un plazo de ejecución previsto de aproximadamente 22 meses y medio. Las viviendas estarán destinadas al alquiler social para jóvenes, dentro de una iniciativa autonómica que pretende incrementar el parque público residencial y favorecer la emancipación de los menores de 36 años.
La construcción arrancó oficialmente en enero de 2026, después de recibir la autorización municipal correspondiente. La licencia establecía que los trabajos debían comenzar en los seis meses siguientes a la notificación y fijaba un plazo máximo de dos años para su finalización.
Sin embargo, el calendario de esta promoción estuvo marcado por las críticas del PSOE, que en marzo de 2026 denunció los retrasos acumulados y alertó de las posibles consecuencias económicas para el proyecto. El portavoz socialista, Olegario Ramón, advirtió entonces de que las 20 viviendas debían estar terminadas antes del 30 de junio de 2026 para evitar la devolución de un millón de euros procedente de financiación estatal.
En aquella comparecencia, Ramón aseguró que, más de tres años después de la cesión de los terrenos, los trabajos ni siquiera habían alcanzado la finalización de los cimientos. El PSOE reclamó entonces solicitar una prórroga para conservar los fondos y pidió que, en caso de no conseguirla, la Junta asumiese con recursos propios la cantidad necesaria para garantizar la continuidad de la promoción.
La advertencia socialista puso sobre la mesa el problema de los plazos administrativos y de ejecución de una actuación considerada estratégica para ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda asequible en Ponferrada.
La promoción de Andrés Viloria se integra en un programa autonómico que contempla 236 viviendas en diferentes municipios de la provincia de León, con actuaciones también en la capital leonesa, Carracedelo, Valencia de Don Juan, Villadangos del Páramo, Astorga y Santa Marina del Rey.
La Rosaleda prepara otras 80 viviendas públicas, con el acceso como principal foco de conflicto
A esta promoción se suma el proyecto para construir 80 viviendas públicas en el barrio de La Rosaleda, una actuación que ha dado pasos administrativos con la aprobación de la cesión gratuita de una parcela municipal a la Junta de Castilla y León.
El pleno municipal aprobó la propuesta con los votos favorables del PP, Coalición por El Bierzo y Vox, mientras que el PSOE votó en contra. La iniciativa también estuvo acompañada por el rechazo de las alegaciones presentadas por dos comunidades de propietarios de la zona, que habían expresado sus preocupaciones por el impacto de la nueva promoción sobre el tráfico, los aparcamientos y las infraestructuras del barrio.
El principal desacuerdo político, no obstante, se encuentra en las condiciones previstas para acceder a las futuras viviendas. El PSOE cuestionó especialmente la exigencia de acreditar diez años de empadronamiento y la exclusión de personas condenadas por delitos de usurpación. Olegario Ramón defendió que el periodo de arraigo, en caso de establecerse, no debería superar los cinco años.
Por su parte, Vox defendió los criterios de prioridad nacional, mientras que el PP insistió en la necesidad de impulsar vivienda pública para favorecer el acceso de los jóvenes y fijar población en el municipio.
Uno de los aspectos que quedó aclarado durante el debate plenario fue el carácter indefinido de la protección de las viviendas, que deberá quedar recogido en el convenio con la Junta. De esta manera, la promoción mantendría permanentemente su condición de vivienda protegida.
La cesión de la parcela supone un nuevo paso administrativo para hacer posible las 80 viviendas, aunque su construcción todavía debe superar las siguientes fases de tramitación y desarrollo.
Con ambos proyectos, Ponferrada suma sobre el papel un centenar de nuevas viviendas públicas entre la promoción de alquiler joven de Andrés Viloria y la futura actuación de La Rosaleda. Dos iniciativas que responden a la necesidad de ampliar la oferta residencial asequible, aunque con calendarios, procedimientos y controversias políticas diferentes.
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