La Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, ha iniciado el juicio contra una mujer acusada de intentar asesinar a un hombre con un cuchillo durante una fiesta celebrada en su domicilio en Ponferrada. El incidente ocurrió la madrugada del 3 de mayo de 2023 cuando, tras consumir cocaína y bebidas alcohólicas, la procesada mantuvo una discusión con la víctima porque esta se negó a proporcionarle más droga.
Durante la disputa, según las conclusiones provisionales formuladas por la Fiscalía, la acusada tomó un cuchillo de grandes dimensiones —de 34 centímetros— y atacó repetidamente al perjudicado clavándole el arma blanca en distintas partes del cuerpo. La víctima logró sujetarla para evitar más agresiones y fue mordido por ella antes de que agentes de la policía local intervinieran tras ser alertados por vecinos debido al ruido.
El hombre agredido, nacido en 1975 y con 49 años al momento del ataque, sufrió múltiples lesiones graves. Entre ellas destacan heridas penetrantes en el hemitórax izquierdo que afectaron su pulmón izquierdo causando contusión y neumotórax pequeño, además de diversas erosiones lineales y hematomas distribuidos en cuello, cara, extremidades superiores e inferiores. Algunas lesiones fueron compatibles con defensas ante la agresión.
El tratamiento médico requirió intervención quirúrgica para suturar las heridas así como medicación y fisioterapia respiratoria. El proceso total de recuperación duró aproximadamente 40 días, incluyendo períodos clasificados como perjuicio básico, moderado y grave. Tras el incidente quedaron secuelas estéticas valoradas médicamente como moderadas.
A nivel jurídico, se considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa conforme al artículo 138.1 del Código Penal español y la Fiscalía pide 7 años de prisión. La procesada responde como autora directa del ataque aunque concurre una circunstancia atenuante relacionada con su grave adicción a sustancias estupefacientes.
Además del daño físico causado a la víctima —quien ejerce acciones civiles— también se reclama indemnización por los gastos médicos generados al Servicio Público de Salud (SACYL), ascendentes a más de 2.400 euros.
En cuanto a medidas cautelares previas al juicio oral, la acusada permaneció privada de libertad desde mayo hasta octubre del mismo año; posteriormente quedó en libertad bajo prohibición expresa para acercarse o comunicarse con el perjudicado durante ocho años y otras restricciones territoriales relacionadas con su domicilio y lugar trabajo.
Desde el punto psiquiátrico-forense se ha diagnosticado que la imputada padece trastorno límite de personalidad junto a trastorno por consumo poliadictivo sin daño neurológico evidente pero sí cierta merma moderada en capacidad volitiva. Por ello es necesario control psiquiátrico continuo y tratamiento deshabituador.
Para probar los hechos durante el juicio están propuestas diversas pruebas: interrogatorio judicial grabado en vídeo; declaración testimonial tanto presencial como policial; informes periciales médicos forenses especializados; análisis toxicológicos; pruebas genéticas (ADN); documentación diversa vinculada al caso; así como exhibición y reconocimiento directo del cuchillo utilizado durante el ataque junto con otra navaja incautados como piezas clave.
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