"El incendio no termina cuando se apagan las llamas". Es la advertencia de Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, después de la riada que el pasado sábado golpeó Manzanedo de Valdueza y Bouzas, dos localidades situadas aguas abajo de terrenos afectados por el fuego del pasado año.
De la Calle evita establecer una relación directa entre aquel incendio y la avenida de agua, lodo y piedras sin disponer de un estudio específico de la zona. Sin embargo, explica que una superficie quemada puede quedar especialmente expuesta a la erosión, la escorrentía y el arrastre de materiales cuando se producen precipitaciones intensas.
"No hay una receta única para todos los casos, pero después de un incendio es muy importante realizar una evaluación técnica de los daños y de los riesgos", señala. Ese análisis debe estudiar la severidad con la que avanzó el fuego, la pendiente, el tipo de suelo y la presencia aguas abajo de pueblos, carreteras, caminos, cauces, captaciones de agua u otras infraestructuras vulnerables.
El experto rechaza hablar de "deforestación" para referirse al escenario dejado por las llamas y considera más adecuado emplear el término "superficie quemada". Las condiciones de esos terrenos y su vulnerabilidad dependen de numerosos factores, por lo que las actuaciones deben priorizarse en aquellos puntos donde exista mayor riesgo de erosión, desprendimientos o afección a la población.
"No es lo mismo que aguas abajo haya un pueblo, un barrio, una infraestructura o un embalse que que no exista ningún elemento vulnerable", remarca De la Calle. La proximidad de viviendas y personas debe aumentar, por tanto, la urgencia de las intervenciones.
Entre las medidas disponibles se encuentra el mulching, una técnica que consiste en cubrir el suelo afectado con paja o restos vegetales para protegerlo frente al impacto de la lluvia. El objetivo no es actuar sobre toda la superficie quemada, algo difícilmente asumible, sino hacerlo en los puntos estratégicos en los que una pérdida de suelo o un arrastre de materiales podría provocar mayores daños.
Otra herramienta son las fajinas o albarradas, barreras colocadas perpendicularmente a la pendiente y elaboradas habitualmente con madera quemada y restos vegetales del propio incendio. Estas estructuras ayudan a retener sedimentos, conservar el suelo fértil y reducir la velocidad con la que el agua desciende por la ladera.
También puede ser necesaria una retirada selectiva de materiales peligrosos. Los árboles quemados que permanecen en pie pueden caer durante un vendaval o un episodio de lluvias fuertes y, cuando se encuentran en terrenos con mucha pendiente, llegar a rodar ladera abajo.
De la Calle insiste, no obstante, en que cualquier intervención debe adaptarse a las características concretas del terreno y ejecutarse bajo una dirección técnica cualificada. "Cada actuación tiene que diseñarse para el caso concreto", subraya.
Minimizar los daños, no garantizar que no se produzcan
El secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales recalca que estas medidas no permiten asegurar que una riada no vaya a producirse. Su finalidad es reducir sus posibles consecuencias.
"No se pueden evitar los daños; lo que podemos conseguir es minimizarlos", puntualiza. Ante una tormenta extraordinaria, con precipitaciones muy intensas concentradas en poco tiempo, las barreras pueden resultar insuficientes, como también sucede en zonas urbanas.
Las fajinas, las albarradas, las terrazas y las técnicas de protección del suelo pueden frenar la escorrentía. Al reducir la velocidad del agua, disminuye también su capacidad para erosionar el terreno y transportar piedras, troncos, cenizas y sedimentos.
El resultado dependerá, además, de la intensidad y duración de la lluvia y de la preparación de las localidades situadas aguas abajo. Los pueblos asentados bajo laderas pronunciadas deben disponer, según apunta, de barreras físicas, redes de drenaje y alcantarillado capaces de asumir la llegada del agua, además de planes de emergencia y evacuación.
"El incendio no se acaba cuando se extinguen las llamas. De hecho, algunos de sus principales efectos empiezan a aparecer después", advierte De la Calle. Los riesgos son mayores en zonas con fuertes pendientes, suelos frágiles o lugares donde el fuego alcanzó una elevada severidad.
Las consecuencias tampoco se limitan a los daños físicos. El agua puede arrastrar cenizas y sedimentos hasta arroyos, ríos, captaciones e incluso acuíferos. Estos materiales pueden afectar a la calidad del agua meses o incluso años después del incendio.
La vegetación desempeña una función fundamental al interceptar parte de la lluvia y favorecer que el agua se infiltre en el terreno. Cuando esa cubierta desaparece o queda gravemente dañada por el fuego, aumenta la escorrentía superficial y se pierden servicios ecosistémicos que resultan esenciales para conservar el suelo y alimentar los cauces y las reservas subterráneas.
Preguntado por si la riada de Manzanedo de Valdueza y Bouzas podría haberse evitado, De la Calle rehúye extraer conclusiones sin conocer el terreno ni las intervenciones realizadas después del incendio. "No sé qué medidas se han tomado porque no conozco concretamente la zona. Estas soluciones técnicas existen para minimizar los daños, pero desconozco si se han ejecutado o si había presupuesto para ellas", aclara.
La ingeniería forestal, añade, dispone de herramientas para evaluar estos escenarios y plantear soluciones adaptadas a cada espacio. Este trabajo incluye la hidrología forestal, la restauración de los terrenos quemados, la conservación del suelo, la gestión de los cauces, la ordenación del territorio y la protección civil. Esta última resulta especialmente importante. De la Calle recuerda que, ante una emergencia forestal, la primera prioridad es proteger las vidas humanas; la segunda, las viviendas y las infraestructuras, y la tercera, el medio natural. Ese mismo orden debería aplicarse al evaluar los riesgos posteriores a un incendio.
Una responsabilidad repartida entre administraciones y propietarios
Las competencias para ejecutar las actuaciones dependen de la titularidad del terreno y del espacio en el que sea necesario intervenir. Las comunidades autónomas concentran buena parte de las atribuciones relacionadas con el medio natural, mientras que la Administración General del Estado también puede participar en trabajos de restauración.
Las confederaciones hidrográficas tienen competencias sobre los cauces y sus zonas asociadas, mientras que los ayuntamientos deben incorporar estos riesgos a sus planes de emergencia, evacuación y autoprotección.
A ello se suma la responsabilidad de los propietarios. De la Calle recuerda que aproximadamente dos terceras partes de la superficie forestal española están en manos privadas. La fragmentación de las parcelas y las dificultades para identificar a sus titulares complican en ocasiones la gestión de unos terrenos cuyos propietarios también tienen obligaciones de mantenimiento y protección.
"Es una responsabilidad compartida, cada uno dentro de su ámbito, pero resulta fundamental conocer la titularidad del terreno", concluye el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
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