El Ayuntamiento de Ponferrada ha dado luz verde, con el voto en contra del PSOE, al borrador de convenio para la cesión a la Junta de Castilla y León de una parcela municipal en La Rosaleda destinada a la construcción de unas 80 viviendas protegidas.
El equipo de Gobierno sitúa el proyecto entre sus medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y contribuir a fijar población en Ponferrada. La portavoz del PP, Lidia Coca, defendió que las viviendas estarán «dedicadas a los jóvenes» y contarán con bonificaciones del 20 por ciento. «Lo que buscamos es fijar población, que es uno de nuestros ejes fundamentales», afirmó.
Desde Coalición por El Bierzo, Iván Alonso reclamó que las políticas de vivienda no se concentren únicamente en el núcleo urbano y pidió a la Junta un plan específico para el medio rural. El concejal de Medio Rural recordó que Ponferrada cuenta con un amplio territorio rural y criticó la aplicación de la normativa que sitúa al municipio entre los de más de 20.000 habitantes. «Seguiremos peleando por ese plan de vivienda joven en el medio rural», señaló.
El PSOE cuestiona que el pleno haya aprobado la cesión
El portavoz socialista, Olegario Ramón, centró parte de sus críticas en la propia naturaleza del acuerdo. Según explicó, el pleno no ha aprobado todavía la cesión efectiva de la parcela, sino únicamente un borrador de convenio que tendrá que superar posteriormente la correspondiente tramitación administrativa.
«Aquí no aprobamos hoy nada. Solo un borrador de convenio», sostuvo Ramón, que acusó al equipo de Gobierno de presentar un anuncio antes de que el proyecto haya completado los trámites necesarios. «Solo se trae un anuncio para presumir», afirmó.
El PSOE también puso en duda algunos de los compromisos anunciados. Ramón señaló que la ordenanza fiscal vigente no permitiría aplicar las bonificaciones planteadas en los términos expuestos y cuestionó que pueda fijarse un plazo concreto para la concesión de la licencia.
Los socialistas piden repartir la vivienda protegida por Ponferrada
Otro de los puntos de discrepancia fue la concentración de las 80 viviendas en un único emplazamiento. El PSOE considera que sería preferible distribuir la vivienda protegida por distintos puntos de la ciudad para evitar la creación de un «gueto».
Ramón señaló otras parcelas de titularidad de la Junta que, a su juicio, podrían incorporarse a esta estrategia. Entre ellas citó una ubicada en el entorno del Centro Comercial La Máquina, donde podrían levantarse entre 20 y 30 viviendas, además de otras posibilidades en Navaliegos.
El portavoz socialista cuestionó asimismo que La Rosaleda continúe aumentando su población sin que ese crecimiento vaya acompañado de una ampliación proporcional de los servicios públicos del barrio.
El derecho de reversión, otro punto de conflicto
Las condiciones de la cesión también generaron discrepancias, especialmente en relación con el derecho de reversión del suelo una vez transcurridos 30 años.
Ramón advirtió del riesgo de que, pasado ese periodo, el Ayuntamiento pueda perder la posibilidad de recuperar la parcela si esta deja de destinarse a vivienda pública. «Un suelo público puede pasarse a vender pasados esos años a un precio alto», señaló.
Como alternativa, el PSOE planteó recurrir al derecho de superficie durante un periodo más prolongado para garantizar que la parcela conserve su finalidad pública. «Nos gustaría que no se perdiera la protección y se mantenga ese derecho de reversión para que dentro de 30 años ese suelo no pueda ser un negocio», concluyó Ramón.
El proyecto deberá continuar ahora con la correspondiente tramitación administrativa antes de que pueda materializarse la cesión de la parcela y avanzar la construcción de las viviendas protegidas.
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