La Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que acoge Ponferrada desde ayer, centrada en la búsqueda de soluciones para abordar la emergencia climática, tendrá carácter anual y se celebrará siempre en la capital del Bierzo en fechas anteriores a las Cumbres del Clima.
Así lo anunció este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de las conclusiones de la segunda y última jornada de la Convención, donde detalló que la cita anual “seguirá contando con diferentes ágoras”, a lo que se sumarán “nuevas propuestas para seguir avanzando y evaluando el Pacto de Estado”, respecto al que señaló que “no solo es necesario, sino que también es posible”.
Conclusiones
La segunda jornada por la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrada este martes en Ponferrada contó con la celebración de diferentes ágoras con diversos sectores de la población como protagonistas y centrados en movimientos ambientales y sociales, Protección Civil y voluntariado, mujeres rurales y el mundo científico.
El primero de ellos, que abordó la participación de los movimientos ambientales y sociales, consideró que el Pacto de Estado “tiene que ser de auténtica ambición e incluir la mitigación como la primera medida necesaria de adaptación, pero también otros conceptos como transición justa o justicia climática”, ya que “no puede ser ajeno a las diferentes crisis ambientales y sociales”, así como “mirar hacia los espacios de participación ya construidos”
Asimismo, propuso “hacer una reflexión respecto a los procedimientos administrativos” para que “sean ágiles ante la emergencia” y aposar por “la coherencia de las políticas supervisando que entre los distintos niveles territoriales se consigue un alineamiento real”, así como por “la incorporación del sector azul y la aportación a la política internacional”.
Las principales propuestas del ágora de Protección Civil y voluntariado pasan por integrando a los voluntarios dentro del sistema nacional de Protección Civil y reconocer su papel en cada una de las fases. Igualmente, abogan por mejorar la formación, la coordinación y comunicación, contar con las personas con discapacidad, crear un registro estatal de voluntarios y de medios, incentivar la participación juvenil y mejorar los protocolos a nivel nacional.
Por su parte, las mujeres rurales partieron de la premisa de que “para mantener un territorio poblado y con actividad resulta clave que las mujeres se puedan quedar en él”, apostaron por la formación, la necesidad de dotar de recursos a los ayuntamientos más pequeños, de avanzar en corresponsabilidad, poner el foco en la atención a la infancia o la salud mental, crear una base de datos de personas dependientes y de establecer recursos seguros para las mujeres víctimas de violencia de género, ya que “el cambio climático y las catástrofes duplican los casos”.
Finalmente, tras dos días de trabajo, la comunidad científica cuenta ya con unas 438 propuestas de 104 instituciones científicas y 330 investigadores individuales, al tiempo que considera que se requiere de “un trabajo colectivo que puede abordar el problema en su conjunto, dialogar y promover soluciones sistémicas”, para lo que “las evidencias científicas son importantes, pero no las únicas necesarias para poner en marcha las acciones”.
Entre sus propuestas se encuentran cuestiones como el potencial del pastoreo para la gestión del combustibles en el caso de las emergencias relacionadas con cómo prevenir los incendios, recuperar prácticas tradicionales y construir con conocimiento nuevo sobre ellas o la importancia de la resiliencia hídrica.
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