La Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo ha denunciado los retrasos y la falta de medios en los procedimientos de reconocimiento, revisión y valoración del grado de discapacidad en Ponferrada y el conjunto de la comarca, una situación que, advierten, está afectando directamente a personas y familias que dependen de estas resoluciones para acceder a derechos básicos.
Según expone la entidad vecinal, en los últimos meses se han acumulado quejas por los largos plazos de espera entre la solicitud y la cita de valoración, así como demoras posteriores en la emisión de resoluciones y en la tramitación de reclamaciones. Unos retrasos que dificultan el acceso a prestaciones, apoyos sociales, adaptaciones laborales o beneficios fiscales.
La Federación considera especialmente preocupante la posible falta de medios personales y técnicos en el ámbito de Ponferrada y El Bierzo. En este sentido, apuntan a casos en los que la valoración habría sido realizada únicamente por terapeutas ocupacionales, sin la participación de otros perfiles necesarios para una evaluación integral, como profesionales médicos, psicológicos o del ámbito social.
Desde el colectivo insisten en que la valoración de la discapacidad debe llevarse a cabo con equipos multiprofesionales, capaces de analizar no solo la situación física de la persona, sino también sus limitaciones psicológicas, sociales y laborales, así como su grado de participación en la vida diaria.
Asimismo, denuncian una posible desigualdad territorial, al considerar que la ciudadanía berciana podría estar recibiendo una atención de menor calidad respecto a la capital provincial. “Las personas de Ponferrada y del conjunto de El Bierzo tienen derecho a una valoración completa, motivada y en plazos razonables”, subrayan.
La situación ya ha sido trasladada al Procurador del Común de Castilla y León, al entender que puede existir un problema estructural en el funcionamiento del servicio, con demoras excesivas y falta de recursos.
La Federación recuerda que el reconocimiento del grado de discapacidad no es un mero trámite administrativo, ya que de él dependen aspectos esenciales de la vida cotidiana como el acceso al empleo protegido, ayudas públicas, transporte, educación o servicios sociales.
Por ello, reclaman a la Junta de Castilla y León y a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León la adopción de medidas urgentes para reducir los plazos de espera, reforzar los medios humanos y técnicos, cubrir vacantes de forma inmediata y garantizar valoraciones completas, evitando cualquier tipo de desigualdad entre territorios.
La entidad concluye reclamando un servicio “digno, estable y suficiente” en la comarca, en el que la discapacidad sea valorada desde la cercanía, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas.
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