La Fiscalía ha solicitado penas de entre 4 y 9 años de prisión y cuantiosas multas económicas para 16 personas acusadas de integrar una amplia red de tráfico de sustancias estupefacientes que habría operado, al menos, entre 2016 y 2018 en la comarca, con varios focos de actividad y uno de sus epicentros en el ultramarinos “Alimentación Elías”, en Molinaseca, además de un bar de otra localidad de la zona.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial a partir de la investigación instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada, en el marco del procedimiento abreviado 143/16. El caso parte de las diligencias de vigilancia del grupo de estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía sobre dicho establecimiento, a partir del 14 de enero de 2016.
Un ultramarinos utilizado como punto de venta
Según el relato del fiscal, los agentes comprobaron que el ultramarinos “Alimentación Elías” se utilizaba presuntamente para la venta de cocaína y hachís en pequeñas cantidades a consumidores habituales del entorno. Ese mismo 14 de enero de 2016 se intervino a un cliente, nada más salir del local, una papelina con 0,70 gramos de cocaína.
Las sospechas llevaron a la intervención de las comunicaciones de los propietarios de la tienda, un matrimonio sin antecedentes penales que también residía en el mismo inmueble. A partir de las escuchas y las vigilancias, la Fiscalía sostiene que el negocio se utilizaba de forma “habitual y frecuente” para el tráfico ilícito de drogas.
La investigación culminó en una operación el 19 de mayo de 2017, en la que fueron detenidos ambos y se practicaron registros en la tienda y en la vivienda. Allí se intervinieron:
• 34 envoltorios de cocaína con un peso de 32 gramos (pureza del 62,71 %), valorados en 2.025,83 euros.
• Varios bloques de resina de cannabis, que sumaban cerca de 300 gramos, con valores de mercado ilícito superiores a los 1.600 euros.
• 170 euros en metálico y material propio del tráfico de drogas, entre ellos una balanza de precisión.
La Fiscalía detalla que, además de este foco, la red contaba con diversos suministradores y distribuidores. Entre ellos figura otro acusado que, en marzo de 2018, fue sorprendido en un control rutinario de tráfico portando en su vehículo:
• Una bolsa de cocaína en roca con una pureza del 66,29 %, valorada en 3.886 euros.
• Una bolsa de cannabis de 9,48 gramos, valorada en 54,03 euros.
Asimismo, el escrito recoge la detención, el 19 de mayo de 2017, de otro implicado que habría actuado como proveedor de droga al matrimonio del ultramarinos. En el registro de su vivienda se halló:
• Una bolsa con 155 gramos de cocaína en roca, con una pureza del 61,34 %, valorada en 27.164 euros.
• Otra bolsa con 58,56 gramos de cannabis, valorada en 333,79 euros.
• 3.205 euros en efectivo, balanzas de precisión y anotaciones manuscritas de presuntas operaciones de venta.
Este acusado permaneció en prisión preventiva desde mayo a julio de 2017, cuando obtuvo la libertad tras el pago de una fianza de 2.500 euros.
Un bar como centro de distribución comarcal
El escrito del fiscal describe además otro foco de distribución en un bar regentado por uno de los acusados, en una localidad de la comarca. Desde este establecimiento y desde su domicilio -según la acusación- se distribuían distintas sustancias a buena parte de la zona, con importante cantidad de drogas intervenidas en el registro.
En su vivienda se localizaron, entre otros efectos, resina de cannabis, cocaína, MDMA y anfetamina, junto a dinero en efectivo y anotaciones de ventas. Solo en cannabis se intervinieron más de 2,7 kilos, además de varias partidas de cocaína fraccionada, MDMA y otras sustancias con un valor global de decenas de miles de euros en el mercado ilícito.
En el momento de su detención, este hostelero acababa de suministrar casi 10 gramos de cocaína de alta pureza y una pequeña cantidad de resina de cannabis a otro acusado, destinados –siempre según la Fiscalía– a la reventa a terceros consumidores.
La acusación pública desgrana una compleja cadena de suministro, en la que diferentes acusados se surtían de cocaína, cannabis o MDMA de otros implicados en el procedimiento, con contactos y entregas tanto en la comarca como en otras ciudades.
Entre los investigados figuran personas con antecedentes penales por delitos de tráfico de drogas, apropiación indebida, impago de pensiones o hurto, algunos de los cuales habían sido condenados anteriormente a largas penas de prisión por narcotráfico.
El Ministerio Fiscal sostiene que, al menos desde 2016, varios de estos acusados se dedicaban de forma continuada a la venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos, trasladando la droga desde otras provincias hasta la comarca para su distribución posterior.
Petición de penas, multas y decomiso
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de uno o varios delitos contra la salud pública del artículo 368 y concordantes del Código Penal, en ocasiones con el agravante de reincidencia. En función del grado de participación de cada uno, se solicita:
• Penas de entre 4 y 9 años de prisión para los 16 acusados.
• Multas que, en algunos casos, superan los 130.000 euros, además de otras de menor cuantía ligadas al valor de las sustancias incautadas.
• La inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
• El decomiso de todas las drogas, dinero, objetos y material intervenidos, con el destino previsto en los artículos 374 y 378 del Código Penal.
El Ministerio Público pide también la destrucción de las sustancias estupefacientes intervenidas, la apertura de una pieza separada para asegurar las responsabilidades pecuniarias y que, en caso de sentencia absolutoria, se comunique a la Subdelegación del Gobierno en León para la posible continuación de la vía administrativa.
La celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial quedará ahora pendiente de señalamiento una vez se admita la calificación jurídica de los hechos y se complete la fase procesal correspondiente.
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