La Fiscalía de Área de Ponferrada pide tres años de prisión, un año y ocho meses de multa, con seis euros por días, y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividad profesional de gestión de residuos, a la gerente de Desguaces Ponferrada por un presunto delito contra el medio ambiente al no haber procedido a la gestión de los residuos que llegaban al centro.
El juicio, que se debería haber celebrado en diciembre, tendrá lugar finalmente el 23 de marzo en la Audiencia Provincial
Según el Ministerio Fiscal, esta falta de gestión habría provocado la emisión indebida a la atmósfera de gases contaminantes, como 331 kilos de gas refrigerante, equivalentes a 474 toneladas de Dióxido de Carbono, con una valoración económica de más de 21.000 euros por el perjuicio causado.
El escrito de calificaciones asegura que se ha demostrado que no se gestionó de forma adecuada ninguno de los más de 2.200 vehículos que llegaron al desguace entre 2019 y 2022, por lo que en vez de entregar los gases a centros autorizados para su eliminación, procedieron a liberarlos.
Además de la petición de prisión, la Fiscalía reclama a la propia empresa ‘Desguaces Ponferrada’ 42.000 euros por el perjuicio causado.
La vista, prevista en un primer momento para el pasado mes de diciembre, tendrá lugar finalmente el lunes, 23 de marzo, a las 10 horas en la Audiencia Provincial de León.
Delitos ambientales y responsabilidad de la empresa
Los hechos han sido calificados por la Fiscalía como delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, recogidos en el artículo 325 del Código Penal, en relación con normativa estatal y europea sobre gases fluorados y gestión de residuos.
Además de la responsabilidad penal de la gerente, el fiscal también acusa a la empresa como persona jurídica, al considerar que los hechos se habrían producido en el marco de su actividad.
Penas solicitadas
Para la responsable del centro, el Ministerio Fiscal solicita:
• Tres años de prisión
• Un año y ocho meses de multa, con cuota diaria de seis euros
• Inhabilitación durante dos años para ejercer actividades profesionales relacionadas con la gestión de residuos o centros autorizados de tratamiento
• Pago de las costas judiciales
En el caso de la empresa, la Fiscalía reclama una multa equivalente al doble del perjuicio causado, que asciende a 42.298,90 euros.
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