La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León contra la gerente de Desguaces Ponferrada SA y contra la propia empresa, por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras la investigación instruida en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ponferrada dentro del Procedimiento Abreviado 1121/2023.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, notificado en enero de 2025, los hechos se habrían producido entre los años 2019 y 2022, periodo en el que, presuntamente, no se habría realizado una gestión adecuada de los gases refrigerantes de los vehículos fuera de uso tratados en las instalaciones del centro, pese a contar con autorización como Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) concedida por la Junta de Castilla y León en agosto de 2020.
Emisión ilegal de gases a la atmósfera
La acusación sostiene que, de forma intencionada y deliberada, se liberaron directamente a la atmósfera gases fluorados procedentes de 2.288 vehículos dados de baja, sin que ninguno de ellos fuera tratado conforme a la normativa ambiental. Entre los gases presuntamente emitidos figuran hidrocarburos (R600), CFC (R11 y R12), HCFC (R22), HFC (R134a) y HFO (R1234).
De acuerdo con los informes periciales incorporados a la causa, la emisión estimada equivale a 331,83 kilos de gas R134a, lo que supone un impacto equivalente a 474,52 toneladas de CO₂, con una valoración económica del perjuicio ambiental de 21.149,45 euros.
El Ministerio Fiscal subraya que estos gases tienen una elevada persistencia en la atmósfera y que algunos de sus productos de degradación, como el ácido trifluoroacético (TFA), tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, la vida marina, la salud humana y el cambio climático.
Los hechos son calificados como:
• Un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente para la gerente, conforme a los artículos 325.1 y 325.2 del Código Penal.
• Un segundo delito ambiental, en este caso imputado a la empresa como persona jurídica.
La Fiscalía considera que no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes de la responsabilidad criminal.
Penas solicitadas
Para la acusada como persona física, la Fiscalía solicita:
• Tres años de prisión.
• Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
• Un año y ocho meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros.
• Inhabilitación especial durante dos años para ejercer actividades profesionales relacionadas con la gestión de centros de tratamiento de residuos.
• Pago de las costas procesales.
Para la empresa Desguaces Ponferrada SA, se solicita una:
• Multa de 42.298,90 euros, el doble del perjuicio ambiental estimado.
• Pago de las costas.
Para el acto del juicio oral, el Fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados, la testifical de agentes del Guardia Civil del SEPRONA y diversos peritos, además de la incorporación de abundante documentación técnica, informes periciales y material audiovisual que forma parte de la causa.
Asimismo, se solicita el mantenimiento de las medidas cautelares ya adoptadas y la remisión de la resolución que ponga fin al procedimiento a la Junta de Castilla y León, dentro del expediente sancionador abierto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
Con esta petición formal de apertura de juicio oral, será ahora la Audiencia Provincial de León la que determine la fecha para la vista y la resolución definitiva de un caso que podría derivar en una de las mayores condenas por delito medioambiental tramitadas en Ponferrada en los últimos años.
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