La Fiscalía de Ponferrada ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre acusado de cometer actos de xenofobia dirigidos hacia el gerente pakistaní de un local comercial dedicado a la venta de kebabs. Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2025, cuando el acusado, motivado por su animadversión hacia los inmigrantes pakistaníes, realizó varias pintadas con mensajes ofensivos y discriminatorios en las inmediaciones del establecimiento de kebab ubicado en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal, las expresiones vertidas durante este ataque incluían insultos como "indus fuera perros" y frases directas hacia la víctima como "cállate la boca, vete a tu país, que yo soy español". Estas acciones se produjeron ante la llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes intervinieron en el lugar.
Las pintadas xenófobas fueron visibles para cualquier transeúnte, generando así una situación que buscaba intimidar y forzar al propietario del negocio a cerrar y abandonar España. La víctima experimentó sentimientos profundos de humillación y desprecio que atentaron contra su dignidad personal.
A pesar de que el afectado renunció a reclamar la indemnización por los daños materiales derivados de la restauración del local, sí exige una compensación económica por los daños morales ocasionados. El fiscal reclama una indemnización por valor de 500 euros más los intereses legales correspondientes.
Desde el punto legal, estos hechos se encuadran como delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución española, específicamente relacionados con la lesión a la dignidad humana. Se imputan además delitos contra la integridad moral o alternativamente coacciones con agravante por discriminación racial.
En consecuencia, el Ministerio Público solicita imponer al acusado una pena privativa de libertad consistente en un año de prisión junto con inhabilitación especial para ejercer derechos políticos durante ese período. Asimismo, se propone una multa diaria durante diez meses y una inhabilitación especial para desempeñar profesiones u oficios educativos o deportivos durante cinco años posteriores a la condena.
Además, se contempla requerir al acusado fianza para garantizar posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial. También se ha solicitado que se notifique debidamente al perjudicado sobre las fechas procesales y sentencias vinculadas al caso.
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